El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel Ramiro Muñoz, anunció que el próximo lunes se publicará la invitación y las bases para una nueva licitación del proyecto de construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, en el Caribe de Honduras.
Este nuevo proceso se llevará a cabo después de dos intentos fallidos, según Muñoz, debido a que las empresas nacionales e internacionales participantes no cumplieron con el requisito clave de presentar garantías bancarias.
Muñoz explicó en el noticiero Diario Matutino de radio HRN que en el primer proceso de licitación participaron 16 empresas y en el segundo, 12 compañías, muchas de las cuales calificaron técnica, financiera y legalmente.
Sin embargo, enfatizó que las empresas hondureñas calificadas no cuentan con garantías en los bancos locales, mientras que las internacionales intentaron hacerlo con garantías bancarias extranjeras, lo cual la ley no permite.
"Debemos cumplir con la Ley de Contratación del Estado. Tenemos que garantizar que el proceso será transparente y que ni un solo centavo se desvíe a manos particulares, sino que se destine íntegramente a la construcción del proyecto", aseguró el también comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente aprobó la primera fase de la licencia ambiental para la construcción de la prisión, que incluye estudios biológicos, marino-costeros y medidas de mitigación en la isla.
La especialista en medio ambiente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Ana Velásquez, sugirió recientemente al Gobierno que abandone el proyecto, advirtiendo que la Isla del Cisne es un área protegida oceánica y que construir una prisión allí podría causar contaminación marina.
Costo del proyecto
Según las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el costo de construcción de la cárcel en Isla del Cisne, que albergará a unos dos mil reclusos de alta peligrosidad, asciende a aproximadamente 80 millones de dólares, lo que equivale a más de 1,900 millones de lempiras.
La presidenta Xiomara Castro anunció a finales de 2023 la construcción de esta prisión, junto con otra que albergará a 20,000 personas y que se edificará en zonas boscosas entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, como parte de un plan para reducir la violencia y el crimen organizado.
