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"Las acciones sólo servirán para polarizar aún más y dañar la imagen del país y el clima de inversión, en un momento en que es urgente crear empleo", expresó Laura Dogu en la red social X.
"Las imágenes de más personas heridas son alarmantes y la violencia debe detenerse. Los hondureños necesitan confiar en su democracia hoy más que nunca", agregó la diplomática estadounidense.
En el transcurso de este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo y creada el martes, último día de las sesiones del periodo 2023, juramentó de manera interina a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto. Ambos formaban parte de la lista de cinco candidato que mando la Junta Proponente.
La Comisión Permanente entra en funciones cuando termina el periodo de sesiones del Poder Legislativo, misma que está integrada por nueve diputados propietarios y nueve suplentes.
Esta comisión fue formada pese a que, previo, 74 diputados de la oposición, en una sesión extraordinaria de mismo martes y en medio de una represión por parte de seguidores del oficialista partido Libre, extendieron el periodo de sesiones hasta el 24 de enero de 2024, por lo que, señalan, no se justificaba la creación de la permanente.
Los opositores, tras conocer el nombramiento de los fiscales, revocaron los nombramientos de las autoridades de la Fiscalía, en una nueva sesión.
Esta sesión se vio interrumpida por militantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quienes arrojaron objetos y protestaron contra los congresistas reunidos.
El 31 de octubre, el Congreso Nacional cumplió dos meses sin realizaron sesiones ante la falta de acuerdos entre las bancada para elegir a los fiscales del periodo 2023-2028. Para este elección se requieren 86 votos, pero ninguna de las dos nóminas propuestas, una de la bancada de Libre y otra de los partidos opositores logró es número.
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La embajadora Dogu compartió el punto de vista del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, quien consideró que la decisión de nombrar a los fiscales del Ministerio Público socava aún más la confianza en las instituciones del país.
Nichols hizo un llamado a los hondureños para evitar la violencia y buscar consenso en la elección del Fiscal General y Adjunto, cumpliendo con los 86 votos requeridos.
En respuesta a estas preocupaciones, el canciller hondureño, Enrique Reina, defendió la elección de las autoridades interinas de la Fiscalía realizada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
"Deben respetar la decisión soberana tomada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para el nombramiento 'interino', esta se basa en los artículos 207 y 208 de nuestra Constitución y es legal (…) No deben hacer eco y apoyar a grupos que durante la narco dictadura crearon un sistema de impunidad y corrupción que se está desmontando", señaló.
Elección de fiscales
Tanto Zelaya como Morazán fueron juramentados el 1 de noviembre como fiscal general interino y fiscal general adjunto interino, respectivamente, por unanimidad de votos de los nueve miembros de la Comisión Permanente para el receso del Congreso Nacional.
La elección se basó en el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República, que permite a la Comisión Permanente nombrar funcionarios interinos en casos de "falta absoluta" del cargo.
La oposición sostiene que esta elección va en contra del artículo 208, numeral 11, de la Constitución de la República, ya que actualmente el fiscal adjunto Daniel Sibrián ocupa el cargo de fiscal general, aunque su periodo concluyó el 31 de agosto, ya que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debía permanecer en su cargo hasta que se eligiera a su sucesor.
Sibrián ostentaba el cargo debido a que el fiscal general, Óscar Chinchilla, se retiró una vez terminado su periodo para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con sede en Managua, Nicaragua.
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