El Ministerio Público a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) solicitó el jueves (01.07.2021) la realización de la audiencia preliminar en la última línea de investigación judicializada por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La Fiscalía informó que se trata de un caso coordinado en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en contra de la abogada y empresaria Jenny Carolina Andrade Lemus, acusada por el delito de lavado de activos por 14 millones de lempiras.
También contra el exadministrador financiero del IHSS, José Ramón Bertetty Osorio, por tres delitos de cohecho pasivo impropio y un delito de lavado de activos, y José Alberto Zelaya Guevara (prófugo) por un delito de violación de los deberes de los funcionarios.
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A Andrade se le aseguró una vivienda en el barrio La Leona de Tegucigalpa donde tenía domicilio una empresa fantasma denominada Soluciones Técnicas JJ, constituida en 2008 y mediante la cual, de acuerdo a las investigaciones, se drenaron L 14,220,219.54 de lempiras del IHSS.
Caso de Bertetty Osorio
La imputación de Bertetty Osorio refiere que en 2011 tres empresas comenzaron a tener problemas de retrasos de pagos por los servicios prestados al Seguro Social, por lo que en una reunión con sus representantes legales les pidió una coima de un 20 por ciento del valor total de cada factura.
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Para ello, el funcionario, quien enfrenta su octavo proceso penal por el mega fraude del IHSS, se coludió con Andrade Lemus que tras crear la empresa fachada Soluciones Técnicas JJ, para emitir cheques pero con firmas indistintas.
En total, Bertetty Osorio recibió 41 depósitos que ascienden a 1,795,0000 lempiras, producto del soborno solicitado a los gerentes de las empresas proveedoras de servicios, según informó el Ministerio Público en un comunicado.
La Fiscalía hondureña espera formalizar la acusación y que el caso se eleve a juicio oral y público.
Tanto la empresaria Andrade como Bertetty están con formal procesamiento con prisión preventiva, y entre otros aseguramientos está una extensión de terreno que supera las 15 manzanas, situadas en Siguatepeque y el congelamiento de tres cuentas bancarias, todo traspasado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
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