En el programa de Frente a Frente de este 6 de julio se abordó el tema: ¿Deben ir a prisión los padres que oculten el embarazo de una hija menor, o primero debe demostrarse que actuaron deliberadamente para encubrir un delito?.
La discusión, moderada por Renato Álvarez, giró en torno a un caso reciente de una niña de 11 años que dio a luz en su hogar, en Copán, exponiendo las profundas debilidades del sistema de protección y la ambigüedad sobre la responsabilidad penal de los progenitores cuando estos omiten denunciar.
Como invitados a este debate estuvieron Doris Padilla, jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional (PN); Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia; Angélica García, directora del Hospital de Occidente; Nora Urbina, exfiscal de la Niñez; y Rina Velásquez, jefa de la Unidad de Delitos Especiales de la PN.
'No hay ambigüedad, es violación'
Para Nelson Castañeda, el sistema legal hondureño no deja margen para interpretaciones cuando se trata de menores de 14 años. Según las fuentes, Castañeda fue contundente al afirmar que el consentimiento en estos casos es nulo y que se debe priorizar la persecución del agresor: "Ya nuestra ley es clara, no hay necesidad, no hay ambigüedad, no hay que interpretar, no hay que irnos a otras leyes: es violación".
Sostiene que cualquier adulto que tenga conocimiento de un embarazo infantil y no lo reporte se convierte en parte del problema, incurriendo en una omisión que debe ser sancionada para evitar que los casos queden en la impunidad.
La realidad hospitalaria
La doctora Angélica María García proporcionó una perspectiva basada en la alarmante estadística de su centro asistencial, ubicado en Santa Rosa de Copán. Entre enero y junio allí se han registrado 341 partos de adolescentes.
Sobre el caso específico de la menor de 11 años, la doctora aclaró que la institución no pudo intervenir preventivamente porque "la niña nunca tuvo ningún control prenatal" y el parto ocurrió en su domicilio.
García atribuyó gran parte de esta problemática a la desintegración familiar y la migración, señalando que muchos menores quedan bajo cuidados negligentes de parientes lejanos mientras sus padres están fuera del país.
La visión policial y el entorno de riesgo
Desde la Policía Nacional, la comisionada Doris Estela Cortés Padilla y la subcomisaria Reina Elizabeth Osorio Velázquez enfatizaron que su institución actúa de inmediato al recibir denuncias a través del Departamento de Delitos Especiales.
La subcomisaria Osorio explicó que el ocultamiento por parte de la familia suele tener un trasfondo oscuro: "Muchas veces estas violaciones lamentablemente vienen de un tío, del padrastro, de alguien de la familia... Por eso ocultan estos casos".
Según las fuentes, el análisis policial sugiere que la falta de afecto y supervisión en el hogar empuja a los niños a buscar refugio en "pares" o estructuras criminales, lo que complica la protección estatal.
¿Consentimiento o dolo?
El debate generó un contraste significativo cuando se discutió si se debe castigar a los padres de igual forma en todos los contextos. Renato Álvarez planteó la duda de si es justo procesar a padres que actúan por ignorancia, sugiriendo que la ley podría requerir pruebas de dolo o intención deliberada de encubrimiento.
Mientras Castañeda insiste en que el enfoque debe ser el agresor y la aplicación estricta de la ley por la gravedad del daño a la menor, la subcomisaria Osorio matizó que la responsabilidad es también educativa, pues "muchas veces cometemos el error que cuando nuestros hijos ya tienen 16,17 años... creemos que ya son hombres y dejamos de protegerlos".
Hacia un sistema de garantías
Finalmente, los invitados coincidieron en que la solución no es solo la persecución penal, sino la activación de los "anillos de protección", que incluyen a docentes, médicos y el Sigadenah (Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras).
La exfiscal Nora Urbina recordó que la impunidad en casos de abuso sexual infantil supera el 90%, por lo que es imperativo que el Estado intervenga de manera integral para romper el ciclo de silencio que rodea al 82% de las víctimas, que suelen ser niñas abusadas en sus propios hogares.
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