En el programa de Frente a Frente de este 3 de julio, el debate central se centró en una interrogante que sacude los cimientos de la responsabilidad familiar y legal en Honduras: ¿Si una madre o un padre saben que su hija menor quedó embarazada como consecuencia de un delito y deciden ocultarlo, deben enfrentar responsabilidad penal o basta con castigar únicamente al agresor?

El debate se abrió luego que la Fiscalía de la Niñez de Lempira advirtiera posibles sanciones para padres de menores que salgan embarazadas producto de abusos. Por ejemplo, en casos de adultos con niñas menores de 14 años, donde la ley no admite relaciones consensuadas.

El panel, moderado por el periodista Renato Álvarez, contó con la participación del fiscal de la Niñez de Lempira, Fernando Moreno; y los abogados independientes Jaime Rodríguez y Kenneth Madrid, quienes expusieron posturas encontradas sobre la aplicación del Código Penal en estos casos críticos.

La advertencia del fiscal: omisión del deber de denunciar

El fiscal Fernando Moreno sostuvo una postura firme basada en la legalidad vigente, aclarando que sus declaraciones previas no fueron una amenaza, sino una "advertencia que los padres o tutores podrían ser investigados penalmente" cuando, teniendo conocimiento de una relación de riesgo o un embarazo infantil, no actúan para proteger a la menor o denunciar los hechos.

Moreno fundamenta su posición en el artículo 207 del Código Penal, que trata sobre la "omisión de los deberes de impedir los delitos o su promoción", argumentando que permitir noviazgos en menores que podrían derivar en agresiones sexuales y embarazos constituye una falta que el Ministerio Público debe perseguir.

Según Moreno, en el departamento de Lempira ya se están logrando "autos de formal procesamiento" contra padres que permitieron estas situaciones, subrayando que no se debe confundir la trata de personas con el delito de omisión.

"La ciudadanía tiene que entender que hay acciones que se las prohíbe el Código Penal", sentenció el fiscal, rechazando la idea de que existan códigos diferentes para zonas rurales o urbanas.

La realidad social y el error de comprensión

Por su parte, el abogado Kenneth Madrid contrastó la visión del fiscal señalando que la realidad rural de Honduras es radicalmente distinta a la urbana.

Madrid introdujo el concepto de "error de comprensión culturalmente condicionado", explicando que en muchas zonas de "tierra dentro", como Santa Bárbara u Ocotepeque, el "apartarse" con una joven se ve como una práctica común para formar una familia y no siempre existe el dolo o la intención de cometer un delito.

"El dolo está compuesto de conocimiento y voluntad", afirmó Madrid, sugiriendo que sin estos elementos no se puede imputar una actitud delictiva a los padres o involucrados en estos contextos culturales

Cuestionamientos a la viabilidad jurídica y el riesgo de doble tragedia

El abogado Jaime Rodríguez coincidió en que, aunque la intención del fiscal Moreno puede ser buena, su aplicación no es viable en la realidad hondureña.

Rodríguez enfatizó la complejidad de los hogares nacionales, donde muchos padres están en el extranjero y los menores quedan a cargo de terceros, o donde las familias en zonas marginales no denuncian por temor a represalias de grupos criminales: "¿Y qué van a ir a denunciar para que los maten a todos?", cuestionó.

Rodríguez también criticó la interpretación del artículo 207 hecha por Moreno, calificándola de improcedente en materia penal y advirtiendo sobre las consecuencias sociales de encarcelar a los padres.

Según su análisis, esta medida en lugar de solucionar el problema, crea uno nuevo: "Ya no hay un problema en un hogar de una menor embarazada, hay dos o más problemas porque el padre o la madre también están privadas de su libertad".

Para Rodríguez, el Código Penal debe ser analizado con mayor cautela y prudencia antes de criminalizar de forma generalizada a los progenitores.

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