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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, impidió en la sesión del miércoles la presentación de una moción de orden para exigir la continuación del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos y justificó que la iniciativa es ilegal.
Fue la diputa del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, quien solicitó la palabra para presentar la moción que busca dar continuidad a la extradición, que llega a su fin el último día de febrero.
Sin embargo, cuando Mena se dirigió a la junta directiva para presentar la moción, Redondo anunció que la sesión legislativa había sido suspendida.
"Presenté una moción de orden basada en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece los criterios para poder solicitarla", explicó Mena.
"Este es un tema urgente, ya que el 28 de febrero vence el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos", por lo que "es necesario que el Congreso se pronuncie sobre la vigencia del tratado para asegurar su continuidad", añadió la diputada de la oposición en declaraciones a los medios de comunicación después de que concluyera la sesión.
¿Moción de extradición viola la Constitución?
En una reacción en redes sociales después que finalizara la sesión legislativa, Redondo declaró que "el Congreso Nacional no tiene facultades para decidir o dirigir la política exterior del Estado, ya que esa es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, según el artículo 245, numeral 12 de la Constitución".
También expresó que "no permitiré ninguna moción que viole la Constitución, que usurpe funciones de otro Poder del Estado o que intente dar un golpe de Estado".
"Condeno el intento de utilizar el Congreso Nacional para engañar al pueblo hondureño", añadió el ahora diputado del partido Libertad y Refundación (Libre).
Responde Mena
En respuesta a las declaraciones de Redondo, quien aseguró que la petición era ilegal, Mena afirmó en declaraciones a TN5 matutino que "Luis Redondo está equivocado. Mi petición no es ilegal, está fundamentada en la ley. Es una técnica que se utilizó en el Decreto 04-2022, en el artículo 8, relacionado con la creación de la CICIH".
El Decreto 04-2022 da vida a la polémica amnistía política, que ha sido otorgada a varios exfuncionarios del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
La parlamentaria indicó que es incoherente que se haya pedido un convenio internacional (en alusión a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), y ahora, mediante un decreto, están solicitando que se mantenga la vigencia, y que ahora digan que no.
La diputada también afirmó que la presidenta Xiomara Castro debería decidir si sanciona o veta la moción presentada.
"Tenemos el apoyo de más de 73 diputados de distintas bancadas, por lo que los votos están asegurados", concluyó.
Mena exigió que se convoque a una sesión extraordinaria para salvar lo que considera la única herramienta que ha servido para acceder a la justicia, tras lo que calificó como una "nefasta decisión" del gobierno del partido Libertad y Refundación.
Ya existen pláticas de alto nivel para mantener la extradición
De su lado, el diputado Marco Eliud Girón, de Libre, aseguró este miércoles a noticieros TN5 matutino que el Gobierno hondureño está en pláticas de alto nivel con la administración de Donald Trump para mantener la extradición en el país.
"El tema de la extradición no debe politizarse, es un asunto muy serio. Le digo al pueblo hondureño que actualmente están en pláticas los gobiernos de Honduras y Estados Unidos para implementar la extradición", aseguró.
"El Congreso Nacional no tiene por qué inmiscuirse en estos asuntos que le competen al Poder Ejecutivo", concluyó Girón.
Le quedan los días contados al Tratado de Extradición
El gobierno hondureño denunció el Tratado de Extradición con Estados Unidos el pasado 28 de agosto, tras acusar de injerencia a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.
Días después, el portal Insight Crime publicó un video donde se observa al exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, negociando supuestamente aportes financieros a la campaña política de Libre en 2013.
Hasta la fecha, más de 60 hondureños han sido extraditados a los Estados Unidos, aunque en este momento no existen órdenes de extradición pendientes de ejecución, según ha declarado el canciller Eduardo Enrique Reina.
Las extradiciones más emblemáticas a Estados Unidos han sido las del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), entregado en abril de 2022 y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico; la de su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua más 30 años de reclusión; y la del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, sentenciado a 19 años de cárcel en agosto de 2024.