Las autoridades penitenciarias de Honduras aseguraron este lunes que existe plena seguridad para Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y para los demás militares que serán trasladados a la cárcel de Támara para cumplir con la medida de detención judicial por los delitos de homicidio y lesiones graves.
"Soy responsable del sistema penitenciario, y si digo que las personas requeridas vayan a Támara es porque no hay ningún problema con su seguridad, ni con ninguna otra situación que la gente pueda pensar", afirmó Ramiro Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5.
Romeo Vásquez, junto al exsubjefe de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto, fueron trasladados esta mañana desde el Juzgado Penal del barrio La Granja, donde la noche del domingo se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputados.
Al concluir la audiencia, el juzgado dispuso que los militares detenidos cumplieran con la resolución judicial en el Primer Batallón de Infantería, aunque luego determinó que fueran trasladados al recinto especial de mínima seguridad de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la aldea de Támara, a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Ramiro Muñoz aseguró que Támara es "el lugar correcto" para que los militares permanezcan bajo detención judicial mientras esperan la audiencia preliminar, que se celebrará el próximo 10 de marzo a las 1:30 de la mañana.
La defensa y los familiares de Romeo Vásquez denunciaron el domingo por la noche que el traslado a Támara respondía "a órdenes del expresidente Manuel Zelaya Rosales". Solicitaron que, debido al cargo que ocupó Vásquez, fuera trasladado a un batallón en lugar de a una prisión.
Acusación contra militares
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Vásquez, Cervantes y Puerto, acusándolos de ser responsables de los "delitos de homicidio y lesiones graves" contra los ciudadanos Isy Obed Murillo y Alex Roberto Zavala, durante las manifestaciones en contra del golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2009, en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.
Murillo murió tras recibir "un proyectil de arma de fuego en la cabeza" mientras participaba en la protesta. Por su parte, Zavala sufrió "graves lesiones" debido a los disparos efectuados por soldados hondureños, según informó el Ministerio Público.
