Sospechas de que algunas empresas que maneja directamente la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) han sido usadas para lavado de dinero son parte de los hallazgos encontrados por la Comisión Interventora de la institución en dos meses que tiene de funcionar, dijo una fuente de la misma.
“Nos hemos encontrado con una enorme cantidad de empresas que son administradas directamente por la OABI y que no había ningún control en absoluto. Asumimos que se está lavando dinero o asumiendo pérdidas”, denunció Rigoberto Portillo, miembro de la interventora.
Portillo no especificó cuáles son los indicios que le hace suponer que existe blanqueo de capitales en las sociedades mercantiles que fueron incautadas y pasadas bajo administración de la OABI.
La OABI, una vez que recibe un bien incautado, puede cederlo a un tercero que lo administre o lo maneja de forma directa mientras la Fiscalía decide si solicita un juicio de privación de dominio, en el que se resuelve si la propiedad pasa al Estado (comiso) o lo regresa a su dueño.
El interventor aseguró que ya tienen un panorama real de lo que ha pasado en ese organismo, tanto lo actuado por las administraciones de gobiernos anteriores como la del presente y que “hay que corregir varias situaciones porque los hallazgos son fuertes”.
De acuerdo a Portillo, las millonarias deudas que acarrea la OABI son parte de los principales problemas que tiene la entidad.
“Encontramos deudas enormes por pagos a compañías de seguridad que nunca se les pagó y a cambio, saquearon un montón de bienes muebles e inmuebles”, explica el abogado Rigoberto Portillo, interventor.
Esa deuda dice que hay que negociarla porque son varios años los que la OABI dejó de pagar a las empresas.
También encontraron cientos de los bienes incautados en total abandono. “Hay bienes abandonados, saqueados por los mismos guardias y pobladores de zonas”, lamenta Portillo.
A esto se suma el descuido de haciendas y fincas en las que han encontrado ganado enfermo, a punto de morir.
“El gran problema es que casi todas las fincas tienen invasiones de grupos campesinos y tratamos de ver cómo se recuperan y se previenen nuevas invasiones”, dijo.
Vehículos destruídos
Existe una "enorme flota de vehículos" que fue incautada y que aparece en el inventario, pero que no existe en la realidad, aseguró Portillo.
“Se dieron vehículos en cantidades a instituciones públicas y los tienen tirados, están desechos en algunos lugares. También hay vehículos que se les dieron a personas naturales y exfuncionarios de Gobierno que andan con los vehículos y estamos tratando de recuperar”, señala Rigoberto Portillo.
Entre la flota se contabilizan camionetas blindadas, vehículos pick-up y turismo, la mayoría destruidos, indicó.
Las enormes deudas por arrendamiento forman parte de los hallazgos porque nunca se dio seguimiento a los arrendamientos, los daban a precios “exageradamente bajos”, dicen los interventores, pero nunca se le dio sefguimiento.
“Hay gente que debe millones en arrendamiento”, señala.
Soluciones
La primera medida que tiene priorizada la comisión interventora es agilizar las ventas, porque están paralizadas, indicó. Hay más de 400 millones en ventas que se pueden realizar, aseguró.
Además van a reestructurar la institución, porque están conscientes que la estructura interna no es funcional.
Van por el control de los arrendamientos, hacer los inventarios de todos los bienes y liquidar todo lo que tiene que ver con deudas, especialmente de proveedores.
Informe se entregará en mayo
La Comisión Interventora de la OABI fue nombrada el 8 de febrero por la presidenta Xiomara Castro, para que propusiera soluciones a denuncias de malos manejos de los bienes incautados que administra.
Esta intervención implica una investigación de las administraciones desde 2011, cuando pasó del Ministerio Público al Ejecutivo, a la fecha, es decir, incluye el primer año de Gobierno de Castro.
La interventora debe entregar un un informa tras 90 días de trabajo, lo que implica que deberá de estar listo en mayo.
“En ese informe recogemos todos los hallazgos y proponemos soluciones a corto y mediano plazo, que es lo que le interesa al Gobierno, porque no vamos a estar solo llorando de la leche derramada, tenemos que actuar y lo estamos haciendo", aseguran.
Los interventores dicen que toman acciones concretas para mejorar la institución, renovarla, mejorar los procesos, generar manuales, poner orden y tomar control.
“Es un trabajo bastante arduo que atendemos porque la instrucción es clara: rescatar la institución,reestructurarla para que de un buen servicio al sistema de justicia y seguridad”, apuntan.
La OABI administra 3 mil 667 bienes muebles y 2 mil 334 bienes inmueble.
Antecedente
La OABI fue creada en el año 2002 cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos siendo una dependencia del Ministerio Público (MP). Pero en el 2011 se reforma la ley y pasó a depender del Poder Ejecutivo.
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