La comunidad hondureña en Estados Unidos vive momentos de angustia y temor frente al endurecimiento de las políticas migratorias bajo la actual administración del presidente Donald Trump.

En medio de redadas, amenazas de deportación y posibles sanciones económicas, líderes migrantes han alzado la voz para pedir ayuda urgente al gobierno de Honduras.

El presidente de la organización Francisco Morazán, Orlando López, denunció públicamente la gravedad de la situación y la falta de respuesta oficial desde Tegucigalpa.

Hondureña fue deportada en su cumpleaños; dejó a su hijo y esposo de EE. UU.

"Nunca habíamos visto un gobierno como el de Trump. Persigue a los migrantes, no respeta nuestros derechos y nos hace vivir con un miedo increíble", afirmó.

Según López, la comunidad hondureña enfrenta un escenario sin precedentes: no solo temen la no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS), sino también medidas radicales como multas, confiscación de bienes y el retiro de vehículos.

"Están anunciando embargos. Propiedades y carros nos los van a quitar. Hay empresarios y trabajadores que hemos construido una vida aquí, tenemos dinero invertido, pero no podríamos deshacernos de todo de la noche a la mañana", advirtió.

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Organizaciones migrantes han convocado vigilias y han enviado representaciones legales a Washington en un intento por frenar las acciones contra los hondureños. Sin embargo, la falta de acompañamiento institucional desde Honduras ha generado frustración.

Nuevo canciller hondureño no se ha pronunciado

López lamentó que el nuevo canciller hondureño aún no se haya pronunciado sobre la crisis ni haya tomado acciones concretas.

"Necesitamos que vengan, que hablen con nosotros y gestionen acuerdos con Estados Unidos", urgió.

El líder comunitario también alertó sobre un aumento preocupante en actos de discriminación. "La policía ya discrimina solo por el color de piel. Esto se está volviendo una emergencia nacional", denunció, señalando que muchas personas viven prácticamente encerradas por miedo a ser detenidas.

Mientras tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha exhortado al Estado hondureño a gestionar una nueva prórroga del TPS y defender a sus ciudadanos en el exterior. No obstante, para la comunidad migrante, el tiempo apremia y la incertidumbre crece.