El Instituto Nacional Agrario (INA) confirmó que continuarán los desalojos de tierras invadidas en distintas zonas del país, luego del operativo ejecutado el jueves 25 de junio en el sector de Pueblo Nuevo, municipio de Choloma, departamento de Cortés, norte de Honduras, donde autoridades recuperaron más de 515 manzanas de terreno.

El titular del INA, Javier Talavera, explicó que la intervención forma parte de una programación previamente establecida y que las acciones se desarrollarán de manera consecutiva en otros puntos del territorio nacional donde existen ocupaciones ilegales.

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"El desalojo en Choloma ya estaba planificado. Se empieza a trabajar en eso y va a ser uno tras otro. Todos los procedimientos se realizan respetando los derechos humanos", afirmó el funcionario.

Adquisición de tierras para distribución

Según Talavera, el Estado mantiene mecanismos vigentes para atender la problemática agraria y el INA dispone de recursos destinados a la adquisición de tierras para procesos de distribución, como parte de la política institucional.

El funcionario también aclaró que el operativo realizado en Choloma no está vinculado a la recién aprobada Ley de Protección a la Agroindustria, sino que responde al marco legal que estaba vigente antes de la aprobación de dicha normativa. En ese sentido, subrayó que cada acción se ejecuta bajo el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Policía desaloja a pobladores en Choloma
Más de 200 policías ejecutaron una orden judicial de desalojo de una propiedad privada en Choloma. Foto: Redes sociales.

Talavera explicó que una vez entre en vigencia la nueva legislación, esta funcionará como complemento del sistema jurídico existente para la resolución de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

Desalojo en Pueblo Nuevo, Choloma

El desalojo en Pueblo Nuevo fue ejecutado por la Policía Nacional, que utilizó maquinaria pesada para demoler viviendas de bloque y madera levantadas en el área. De acuerdo con reportes oficiales, en el sitio habitaban al menos 80 personas, entre ellas familias con niños, quienes aseguraron pertenecer a comunidades de pueblos originarios.

El procedimiento se desarrolló en medio de escenas de tensión, mientras los ocupantes denunciaban afectaciones a sus derechos y pérdida de sus viviendas.

Procesos legales por invasión de tierras

Durante la operación, agentes policiales también realizaron detenciones de varias personas que, según el informe oficial, ya mantenían procesos judiciales pendientes por invasión de tierras en otros sectores del país. "Están identificados que participan en varias invasiones", señaló el jefe policial en Choloma, Alan Sauceda.

Las autoridades fundamentaron las acciones en lo establecido en los artículos 321 al 323 de la Constitución de la República, que refuerzan el principio de legalidad, indicando que las instituciones del Estado solo pueden actuar dentro de las facultades que la ley les confiere.

El caso forma parte de una serie de intervenciones que, según el INA, continuarán en diferentes regiones donde se reportan ocupaciones de propiedades privadas.

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