La esperanza que renació en enero de 2022 con la llegada de un nuevo gobierno es, para muchos, un espejismo. Honduras, un país con profundas heridas estructurales, sigue viviendo un deterioro de su democracia, revela el informe sobre el estado del espacio cívico en América Latina.
En este escenario, la sociedad civil no claudica: continúa siendo la última barrera frente al autoritarismo encubierto.
El informe se presentó ante el Parlamento Europeo y arroja un diagnóstico claro: en Honduras, los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia se están erosionando peligrosamente.
Herencias tóxicas y promesas incumplidas
Tras doce años de gobiernos nacionalistas, marcados por escándalos de corrupción, la administración de Xiomara Castro asumió con la promesa de refundar el país.
Sin embargo, más allá de avances aislados, persisten graves restricciones para ejercer derechos fundamentales, señala el informe.
"El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, se convierte en un instrumento para suprimir la protesta, criminalizar la defensa de derechos y fortalecer el poder policial y militar", refiere el documento.
Mientras tanto, señala que la pobreza sigue lacerando, la desigualdad se agudiza y el país ha caído seis puestos en el Índice de Desarrollo Humano, situándose en la posición 138 de 193 naciones.
"Más de un 40 % de la población contempla abandonar el país, desencantada de un sistema político donde, según encuestas, ocho de cada diez personas desconfían de partidos e instituciones", manifiesta.
Justicia politizada, impunidad garantizada
A pesar del relevo en la Corte Suprema de Justicia, dos tercios de la población cree que nada ha cambiado.
La politización del sistema judicial continúa, agravada por la polémica juramentación del Fiscal General Johel Zelaya, sin consenso, y bajo sospechas de intereses partidarios.
La reactivación de casos emblemáticos como los de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) parece una buena señal, pero la desconfianza está sembrada.
"Honduras sigue siendo el cuarto país más corrupto de la región, con una impunidad estructural que alcanza el 90 %, y que se dispara al 95 % cuando se trata de crímenes contra defensores y periodistas", señala.
Defender derechos: una sentencia de muerte
Honduras registró en 2023 la tasa más alta de asesinatos per cápita contra defensores de tierra y territorio.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó al menos 363 ataques a personas y organizaciones defensoras, de las cuales la mayoría eran indígenas o afrohondureñas.
También registró 15 asesinatos de defensores y dos de periodistas. El patrón es claro: mientras se criminaliza la protesta y se endurecen las leyes contra manifestantes y comunicadores, las denuncias de las víctimas son ignoradas por el Estado.
La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores apenas logró tres requerimientos fiscales de 266 denuncias entre 2018 y 2023.
Libertades bajo estado de excepción
"Desde que se decretó el régimen de excepción bajo el PCM 29-2022, cada renovación significa una nueva excusa para reprimir y limitar derechos", dice el informe.
Se han recibido más de 400 denuncias por abusos de fuerzas de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias de manifestantes.
A esto se suma el nuevo Código Penal, que penaliza la labor periodística, y la falta de una Ley de Consulta Previa que proteja los derechos de los pueblos indígenas, cuya existencia está directamente amenazada por los megaproyectos extractivos.
Sociedad civil: resistencia y memoria
En medio de este panorama desolador, la sociedad civil continúa construyendo memoria, resistiendo y exigiendo justicia.
La creación del Programa de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición representa una esperanza para las víctimas, pero también evidencia lo mucho que queda por hacer.
La Ley de Amnistía de 2022, pese a beneficiar a algunos defensores y estudiantes criminalizados, es duramente criticada por blindar también a exfuncionarios vinculados a corrupción, lo que alimenta la percepción de que la impunidad sigue teniendo carta blanca.
Una democracia que necesita ser defendida
Los índices internacionales ubican a Honduras como un país con espacio cívico “restringido”.
La libertad de prensa está en declive, las protestas son criminalizadas y el acceso a la justicia está contaminado por intereses políticos.
Y, sin embargo, a pesar del cerco, la ciudadanía no se rinde. Organizaciones sociales, comunidades indígenas, periodistas valientes y mujeres defensoras siguen luchando por un país donde pensar distinto no cueste la vida.
Honduras vive un momento decisivo. La represión no desaparece concluye el informe, solo cambió de rostro.
Las libertades no están garantizadas, sino condicionadas. Pero mientras haya quienes se atrevan a levantar la voz y exigir derechos, la democracia tendrá una oportunidad.
No es una lucha fácil ni rápida, pero es la única vía para evitar que el silencio lo cubra todo.
