Las autoridades policiales de Honduras recibieron este martes a Jaime Antonio Suárez, de 78 años, quien fue entregado por sus homólogos de El Salvador, donde había estado detenido desde marzo de 2023, tras una alerta de notificación roja de Interpol, por estar supuestamente implicado en el caso de corrupción Pandora.
Jaime Suárez enfrentará cargos por fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de fondos y lavado de activos, según informó la Policía.
Suárez es padre de Fernando Josué Suárez, principal testigo en el caso Pandora.
Este caso está relacionado con el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas, supuestamente para financiar campañas políticas entre 2010 y 2013.
A Jaime Suárez se le acusa de haber firmado un convenio por 50 millones de lempiras con el exministro de la SAG, Jacobo Regalado, en representación de la fundación "Todos Somos Honduras".

Los fondos, destinados a proyectos de riego por goteo en varios departamentos del país, habrían sido desviados a cuentas de terceras personas para financiar campañas políticas.
Las autoridades salvadoreñas entregaron a Suárez en la frontera de El Amatillo, al sur de Honduras, después de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador autorizara su entrega a Honduras el 10 de febrero de 2025.

Desde la localidad en la que fue entregado, la Policía hondureña lo trasladó en un vehículo táctico hacia Tegucigalpa, donde se realizará el procedimiento legal correspondiente.
Entrega de Fernando Suárez
En julio de 2024, su hijo Fernando Suárez también fue entregado por las autoridades de El Salvador a Honduras.
Él se encuentra bajo medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Estas medidas permanecerán vigentes hasta el juicio oral y público por los delitos de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos.
Según las autoridades de El Salvador, Jaime y su hijo Fernando ingresaron ilegalmente al país, lo que motivó a Honduras a emitir salvoconductos y otros procedimientos necesarios para facilitar su entrega.
De acuerdo con informaciones del Ministerio Público, Fernando Josué, de oficio abogado, ostentaba la representación legal de las fundaciones Dibattista y Todos somos Honduras.
Utilizó esa representación para canalizar fondos del gobierno que debían ser utilizados en proyectos agrícolas, pero que en realidad fueron a parar a los bolsillos de una treintena de políticos.
En noviembre de 2018 se entregó a las autoridades con la promesa de cooperar a cambio de protección para él y sus familiares.
Sin embargo, en noviembre de 2021 se fue de las instalaciones del Ministerio Público, donde permanecía bajo resguardo. Esto porque la institución no estaba cumpliendo con lo acordado, según dijo uno de los abogados que lo representó. Estuvo prófugo hasta julio de 2024.
