A pocos días de la fecha en que se realizaría el juicio del exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional Francisco Roberto Cosenza en Estados Unidos, un giro político inesperado postergó el inicio de ese proceso hasta agosto.
El caso, que prometía exponer un entramado de corrupción entre funcionarios hondureños y empresarios estadounidenses, se pospuso tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump emitida el 10 de febrero de 2025.
La orden estipuló la suspensión de la aplicación de la FCPA (ley que desde 1977 es el pilar del combate estadounidense contra el soborno a funcionarios extranjeros).
Bajo el título "Suspensión de la Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para Promover la Seguridad Económica y Nacional de Estados Unidos", el efecto fue inmediato.
Una semana después, el Departamento de Justicia y la defensa de Carl Zaglin, empresario de Georgia acusado junto con Cosenza, acordaron aplazar el juicio previsto originalmente para el 7 de abril, que ahora se realizará el 11 de agosto.
La compleja red de sobornos y contratos
Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA) en Honduras, está acusado de participar en una operación millonaria de lavado de dinero derivado de sobornos.
De acuerdo con la acusación formal presentada a finales de 2023, Cosenza habría facilitado contratos por más de 10 millones de dólares (256.5 millones de lempiras) a cambio de pagos ilegales.
Entre los contratos bajo investigación figuran:
- Un contrato de uniformes con TASA por 4.8 millones de dólares.
- Otro contrato similar por 5.6 millones de dólares.
- Una compra de 480,000 dólares en lanzadores de gas lacrimógeno y municiones.
- Una licitación por 7.5 millones de dólares en uniformes para la Policía Nacional de Honduras.
Cosenza es acusado junto a Carl Alan Zaglin (empresario radicado en Georgia) y Aldo Néstor Marchena (ciudadano estadounidense y peruano).
A los tres se les vincula de montar una estructura para ocultar los sobornos y canalizarlos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
¿Por qué EE. UU. pudo acusar a Cosenza?
La acusación contra Cosenza se enfoca en delitos de lavado de dinero, ya que la ley FCPA no permite imputar directamente a funcionarios extranjeros.
La Fiscalía argumenta que los pagos que recibió Cosenza se canalizaron por bancos estadounidenses, lo que le da jurisdicción a Estados Unidos sobre el caso.
No obstante, la entrada en vigor de la nueva Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), aprobada el 14 de diciembre de 2023 por el Congreso de los Estados Unidos, abrió la posibilidad de imputar a funcionarios como Cosenza.
Esto por solicitar o aceptar sobornos, incluso sin necesidad de demostrar que el dinero pasó por el sistema bancario estadounidense.
Un caso que trasciende fronteras
Este juicio no solo pone en el banquillo a un exfuncionario hondureño, sino que también revela cómo los mecanismos de contratación en Honduras son vulnerables a intereses corruptos impulsados desde el extranjero.
A través de contratos inflados, empresas estadounidenses aseguraron millonarias ganancias con el respaldo de funcionarios dispuestos a recibir sobornos. La historia de Cosenza es solo una pieza de un entramado mayor.
Antecedentes
Francisco Roberto Cosenza Centeno fue acusado en la Corte del Distrito Sur de Florida por su presunta participación en un esquema internacional de corrupción.
El 8 de enero de 2024, las autoridades hondureñas lo capturaron en su residencia en Tegucigalpa.
Tras su captura, a Cosenza lo presentaron ante un juez de extradición en Honduras, quien el 15 de febrero de 2024 concedió su extradición.
Durante este proceso, la defensa de Cosenza manifestó su intención de no apelar la decisión, expresando su deseo de comparecer ante la justicia.
El 4 de abril de 2024, bajo un fuerte operativo de seguridad, Cosenza fue extraditado a Estados Unidos. A su llegada, compareció en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde se le dictó prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso judicial en su contra.
Con el juicio reprogramado, el caso de Francisco Roberto Cosenza se convierte en un símbolo de cómo los intereses políticos pueden interferir en los esfuerzos globales contra la corrupción.
El 11 de agosto de 2025 será crucial, no solo para definir el futuro de los implicados, sino para medir hasta qué punto Estados Unidos sigue comprometido con el combate al soborno internacional.
Mientras tanto, la justicia espera. Cuando el juicio se celebre, no solo estará en juego la culpabilidad de los acusados, sino también la promesa de que quienes negocian con los fondos públicos a cambio de sobornos serán alcanzados por la justicia.
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