La noticia fue anunciada por el ministro de Comunicaciones, Ivis Alvarado, mediante la lectura de un extenso comunicado de prensa en las instalaciones de Casa Presidencial en Tegucigalpa, capital de Honduras.

En primer lugar, el Ejecutivo manifiesta que estas medidas se tomaron tras la reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que dejó hasta el momento 46 privadas de libertad muertas.

Ante ello, el Gobierno determinó que "los miembros de actual la Junta Interventora de los centros penales, han sido cesados en sus cargos. La doctora Julissa Villanueva retorna a su cargo de Sub Secretaria de Estado en el Despacho de Asuntos Policiales".

Villanueva, fue designada en el cargo el 10 de abril, luego de que dos días antes se realizara un tiroteo simultáneo en diferentes cárceles del país, dejando como saldo una persona muerta y varios heridos.

Asimismo, señala que las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) asumirán funciones de seguridad, en colaboración con la Policía Nacional, en los 18departamentos del país en las áreas y acciones que así se especifiquen.

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También anuncian que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asume a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales de Honduras por un periodo de un año.

La misiva precisa que en este tiempo la PMOP deberá reclutar, capacitar y formar por lo menos a 2 mil nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Otras medidas

De igual forma, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, anuncia que el Estado de Excepción, vigente desde diciembre de 2022, se ampliará a otras áreas y zonas del territorio nacional, y se extenderá en el tiempo la vigencia del mismo.

Además, solicitarán al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres que se encuentran en la PNFAS que no están condenadas. También, a aquellas que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a quienes se consideran de alto peligro.

Finalmente, ordena a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales; considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados.

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