En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los defensores del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa enfrentaban una situación de gravedad y urgencia.
La CIDH solicitó a Honduras adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los defensores y garantizar que realizaran su labor sin amenazas ni violencia.
A pesar de estas recomendaciones, la situación no mejoró. Los defensores siguen siendo víctimas de hostigamiento, campañas de difamación y agresiones, mientras los mecanismos de protección del Estado continúan mostrando una preocupante ineficacia.
El caso de Juan López: amenazas, intimidación y muerte
Juan López, miembro del Comité y defensor del Parque Nacional Montaña de Botaderos, sufrió múltiples campañas de difamación que se intensificaron en 2023.
Las amenazas en su contra se agravaron tras el asesinato de Oscar Oqueli Domínguez en junio de ese año.
Entre las advertencias, un empresario local le dijo que “andaba cargando su propio féretro”.
A finales de junio, las amenazas se concretaron con la presencia de hombres en motocicleta rondando su vivienda.
Estas amenazas no eran nuevas, pero la respuesta del Estado fue nula. Los mecanismos de protección no lograron proteger a López ni a otros defensores, dejando a la comunidad vulnerable ante el poder de grupos delictivos y empresas extractivas.
"No podemos esperar más muertos"
Lucía Vigil, técnica del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), lamenta que, a pesar de los asesinatos de figuras como Berta Cáceres, Juan López y Margarita Murillo, el Estado siga fallando en su obligación de proteger a los defensores de derechos humanos.
Según Vigil, el Mecanismo de Protección se encuentra en una “crisis estructural” y no responde a las advertencias constantes sobre criminalización y acoso.
“El gobierno sigue atacando a los defensores en lugar de protegerlos, y la narrativa oficial los coloca como criminales”, afirma Vigil.
Esta postura, advierte, permite que redes criminales y de corrupción se infiltran en las instituciones públicas, dejando a los defensores desprotegidos.
El Estado, responsable del asesinato de Juan López
Pedro Landa, defensor del ambiente, señala que el Estado de Honduras debe asumir su responsabilidad en el asesinato de Juan López.
Según Landa, el ministro de Ambiente, Lucky Medina, no cumplió con su deber de revisar y cancelar los permisos mineros que generan graves daños al medio ambiente.
“Medina debe pedir perdón por su inacción y cancelar los proyectos que facilitan esta violencia”, exige.
Para Landa, la falta de acción del Estado no solo permitió el asesinato de López, sino que es parte de un patrón sistemático de impunidad y complicidad con intereses económicos poderosos.
Un patrón de amenazas y criminalización
La abogada Ana Pineda identifica un patrón común en los casos de defensores de derechos humanos asesinados en Honduras: amenazas previas, criminalización y violencia.
Según Pineda, estos crímenes se producen en un contexto de corrupción e impunidad, donde los intereses económicos ligados a proyectos extractivos dominan la agenda política.
“La CIDH es clara en sus recomendaciones: el Estado debe investigar con diligencia y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales”, afirma Pineda.
Sin embargo, el incumplimiento de estas recomendaciones pone al país en riesgo de nuevas condenas internacionales por la falta de garantías de protección.
El asesinato de Juan López revela que el Mecanismo Nacionales de Protección no funciona, y el Estado continúa ignorando las advertencias de la comunidad internacional.
Mientras las instituciones públicas se mantengan permeadas por la corrupción y el narcotráfico, los defensores de derechos humanos seguirán estando en la mira, con pocas o nulas posibilidades de justicia.
