“Como Cohep no se nos ha presentado ninguna propuesta de reforma, pero no se trata de reformar o derogar la ley de Modernización Agrícola, lo que el INA debe hacer es el censo de todas las tierras nacionales que tiene”, señala.
Ese debe ser un trabajo en conjunto con las alcaldías y el Instituto de la Propiedad (IP) para que con el censo se tengan datos sobre los cuales se pueda hacer un planteamiento concreto.
“Al no contar con estos datos y venir solo a decir que se va a hacer una reforma a la ley, es continuar engañando al mismo sector agrario y organizaciones. No es una reforma lo que se requiere, son temas más institucionales”, refiere Solórzano.
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Incumplimiento
La apuesta, considera Solórzano, debe ser por una distribución equitativa, pero el INA ha cumplido. Incluso con las tierras de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
“Esas son tierras que una vez que se hace o termina un proceso y las tierras pasan al Estado, el Estado es libre de hacer con ellas lo que determine. Si las quiere ceder, donar (…) y no necesita una reforma legislativa.
El Estado a la fecha ha buscado un provecho porque coloca esas tierras a disposición de empresas que puedan hacerlas producir, pero en ningún momento ha venido y ha apoyado”, explica.
Más que decir que las tierras que tenía la OABI "se las vamos a dar al sector agrario, también hay que ver la asistencia técnica".
Esto porque aseguran que les dan la tierra a grupos campesinos y esos grupos con el transcurso del tiempo terminan vendiendo a particulares.
"Estamos en ese círculo casi vicioso, porque cuando se venden, vuelven otra vez los problemas de reclamar el derecho a propiedades”, advierte.
Populista
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, reaccionó en su cuenta de Twitter ante tal intención.
“Es una medida vergonzosa y populista. Rechazamos contundentemente esta vergonzosa intención de atentar contra el derecho a la propiedad privada”, escribió Facussé.
Para el empresario, ese tipo de declaraciones demuestra también una intención política maliciosa de polarizar al país.
“Son propuestas populistas e irresponsables. Las que sí deben ser entregadas son aquellas que tiene la OABI decomisadas hasta que exista una sentencia firme sobre estas”, apuntó.
La propuesta de Rafael Alegría
Rafael Alegría, dice que los grupos campesinos piden al Congreso que la reforma sea de carácter urgente.
“Así como también las tierras con sentencia firme de la OABI pasen al INA, también compartimos esa demanda porque el INA tiene atadas las manos para que las tierras privadas, ociosas e incultas puedan ser adjudicadas a grupos campesinos”, remarca Alegría.
Pero esa derogación de la ley es un tema más político, asegura el sector privado, y plantearlo de la manera como se plantea es solo un engaño político a un grupoque tiene necesidades.
“Lo que hace es promover una expectativa a personas que creen en eso y no se les cumple. Y al no cumplirse, como tienen una promesa, buscan hacer justicia invadiendo o usurpando propiedades ´privadas", concluye Solórzano.
