Barquero, quien renunció a su cargo en abril por estar en desacuerdo con el anteproyecto de decreto, argumentó que, de las exoneraciones que se planean eliminar, solo el 15 % de ellas corresponde al sector privado.

"Las otras exoneraciones serán destinadas a la canasta básica, organizaciones no gubernamentales e iglesias, mientras que una parte menor se aplica al sector privado", afirmó en 30/30 de TSi.

El exfuncionario también señaló que, considerando las cifras del año pasado, de los L 42 mil millones en exoneraciones totales, aproximadamente el 15% se atribuye a la empresa privada.

Barquero advirtió que muchas de estas empresas son transnacionales y podrían optar por abandonar el país si se les imponen impuestos adicionales.

"Estas medidas no conducirán a una mejora en la recaudación, pero sí afectarán la capacidad del país para atraer nuevos capitales", advirtió Barquero, quien pidió a las autoridades mantener un entorno favorable para la inversión extranjera.

Ley Tributaria

La Ley de Justicia Tributaria, actualmente en manos de una comisión de dictamen del Congreso Nacional desde abril, busca eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneración fiscal vigentes en Honduras.

Según los datos presentados por el Gobierno, entre 2009 y 2022, estos regímenes y los beneficios asociados a ellos representaron un total de L 451,415.3 millones en privilegios fiscales.

Solo en el año 2022, las exoneraciones alcanzaron los L57 mil millones, equivalente al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

LEA: Por cada lempira recaudado, Honduras gasta 35 centavos en salarios públicos, según economista