Tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), señalados por su presunta vinculación con el almacenamiento de drogas en San Pedro Sula, quedaron desvinculados definitivamente del proceso penal luego de que un juez les otorgara sobreseimiento definitivo.
La resolución fue emitida la noche del martes por un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, quien determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para sostener la acusación contra los tres funcionarios policiales.
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Los agentes identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos eran acusados de tráfico ilícito de drogas. Además, a uno de ellos se le imputaba la tenencia de municiones de uso prohibido.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) solicitaron el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para los tres policías.
Sin embargo, tras analizar el expediente, el juez concluyó que los elementos probatorios aportados por la fiscalía no eran contundentes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados por los hechos que se les atribuían.
¿Por qué investigaban a los tres agentes de la DAET?
El caso se remonta al 19 de octubre de 2026, cuando las autoridades ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Villas Mackey de San Pedro Sula, Cortés, que presuntamente era utilizada como centro de acopio de sustancias ilícitas.
Durante la inspección, los equipos de investigación reportaron el decomiso de 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y cantidades no especificadas de supuesta piedra de crack.
Asimismo, las autoridades encontraron cargadores para armas de fuego y municiones de diversos calibres.
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Según explicó Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, la fiscalía presentó 24 medios de prueba durante el proceso. Entre ellos figuraban análisis periciales de las sustancias decomisadas, actas de decomiso, peritajes forenses, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de tres testigos protegidos.
La investigación también contemplaba señalamientos de que los agentes habrían ingresado de manera irregular a una propiedad contigua al lugar del operativo para sustraer el cargador de un sistema de videovigilancia (DVR), presuntamente con la intención de obstaculizar las diligencias investigativas.
Pese a los señalamientos, los tres funcionarios policiales se presentaron voluntariamente ante las autoridades para someterse al proceso judicial.
Con el sobreseimiento definitivo, los tres agentes quedan desvinculados de esta causa penal. La decisión se fundamentó en la insuficiencia de las pruebas presentadas por la fiscalía para sostener las acusaciones en su contra.
