"Eso demuestra incompetencia del Poder Ejecutivo y violación a la Constitución de la Republica porque los poderes son complementarios, pero ninguno debe ejercer presión sobre otro", dijo el designado presidencial Salvador Nasralla.

Para Nasralla, la mandataria hondureña estaría presionando a los diputados del Congreso Nacional para "atemorizarlos" ante la elección de las nuevas autoridades de la Fiscalía General del Estado para el período 2023-2028.

"Como presidenta de la República de Honduras convoco al pueblo a una movilización a nivel nacional el martes 29 agosto, vamos a exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”, dijo Castro durante la inauguración de una cancha de fútbol en el municipio de Valle de Ángeles, a 21 kilómetros de la capital Tegucigalpa.

Castro indicó que el Congreso está "bajo ataque" y que la semana anterior ese poder "fue sometido a un boicot" por parte de personas que "no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección del fiscal general y fiscal adjunto como ordena la Constitución".

Crispación

La convocatoria a movilizaciones "enervan, crispan y confrontan a la población y esa no debe ser la misión de un presidente", dijo por su parte el analista político Edgardo Rodríguez.

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Representantes del Partido Nacional también han condenado el hecho de que la mandataria Castro llame al pueblo a marchar para pedir que el Congreso elija a las nuevas autoridades del ente acusador del Estado hondureño.

"Ese no es el camino, presidenta, el camino es que le diga usted a los directivos ilegales y a su bancada que dialogue con los diputados de oposición", expresó el jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano.

Elección del fiscal general y su adjunto

El Poder Legislativo debe elegir al nuevo fiscal general y al fiscal general adjunto antes del 31 de agosto cuando vacan de sus cargos los abogados Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente.

Las nuevas autoridades de la Fiscalía hondureña deberán ser electos de la nómina de cinco candidatos que entregó el 1 de julio una Junta Proponente.

Para la elección se ocupa mayoría calificada, 86 votos de 128 diputados que tiene el Congreso, por lo que el partido Libre, en el poder, debe negociar con la oposición porque solo cuenta con 50 legisladores.

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