Una reciente resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió la revisión de medidas solicitada a favor del exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales, en el caso relacionado con la compra irregular de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

La decisión contempla la emisión de una carta de libertad provisional y las respectivas notas de excarcelación en ese proceso. Sin embargo, Bográn continuará privado de libertad debido a otra causa penal pendiente de resolución, confirmó el Poder Judicial.

El abogado Marco Tulio Castro, representante legal de Bográn, explicó en Noticieros Hoy Mismo de TSi que la defensa solicitó la revisión de la medida debido a que, según su interpretación, su representado ya cumplió el período requerido por la ley para acceder a la libertad provisional en el proceso por las mascarillas.

¿Qué establece la resolución?

El documento ordena extender a Bográn una carta de libertad provisional y las respectivas notas de excarcelación, luego de que la Sala de lo Penal revocara la medida cautelar de prisión preventiva en este expediente.

La resolución señala: "Procédase a extender carta de libertad provisional al señor Marco Antonio Bográn Corrales", así como las correspondientes notas de excarcelación.

No obstante, esta disposición no implica que Bográn sea excarcelado del centro penitenciario, debido a que enfrenta otros procesos judiciales.

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El Poder Judicial informó que la autoridad penitenciaria comunicó al Tribunal de Sentencia que "no se procedió a la inmediata excarcelación" de Bográn, precisamente porque mantiene otra causa pendiente.

Resolución del caso Marco Bográn
El Centro Penitenciario Nacional de Támara confirmó que Marco Bográn, exdirector de Invest-H seguirá en prisión.

Por ello, el exdirector de Invest-H permanece recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

¿Por qué continúa privado de libertad?

De acuerdo con su abogado, la causa que actualmente mantiene a Bográn en prisión es la relacionada con los Hospitales Móviles, en la que fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado, además de una multa de 1,475,921,298.82 lempiras.

Castro explicó que esa sentencia fue recurrida y que actualmente está pendiente de resolución un recurso de casación, por lo que el proceso todavía no cuenta con una sentencia firme.

"Continuará detenido, privado de libertad, por el caso de los hospitales móviles", afirmó el abogado.

Publicación del Poder Judicial sobre resolución a favor de Marco Bográn
El Poder Judicial confirmó que la Sala Penal otorgó la revisión de medidas solicitada por Marco Bográn en el expediente relacionado con el caso de compra de mascarillas, pero seguirá privado de libertad.

Según explicó, una vez que Bográn cumpla los requisitos establecidos por la legislación en ese proceso, la defensa podrá solicitar la revisión correspondiente.

Otras condenas relacionadas con Invest-H

Además del proceso por los hospitales móviles y el expediente de las mascarillas, Bográn fue condenado en marzo de 2025 a cinco años de prisión por malversación de caudales públicos en el caso conocido como "Hospedaje VIP".

En cuanto al denominado caso de las mascarillas, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción lo condenó en febrero de 2023 a seis años de prisión por fraude, por la adquisición de más de 400 mil mascarillas. También le impuso una multa de 39,396,000 lempiras.

Su defensa sostiene que Bográn ya cumplió el período requerido para solicitar la libertad provisional en este último expediente.

Defensa aclara el alcance de la medida

El abogado Mario René Cárdenas Ruiz, otro de los defensores de Bográn, señaló que la resolución se sustenta en el artículo 181 del Código Procesal Penal, disposición que, según su interpretación, establece límites a la duración de la prisión preventiva cuando existe una condena que ha sido recurrida.

Cárdenas también enfatizó que la resolución corresponde a una revisión de la medida cautelar y no a una preliberación.

Diputado cuestiona la decisión

El diputado liberal Carlos Umaña cuestionó la resolución y señaló que el marco legal permite que personas condenadas por delitos contra la administración pública puedan acceder a medidas que modifiquen su situación de privación de libertad antes de cumplir la totalidad de la pena.

Umaña planteó que el Congreso Nacional debería revisar las disposiciones del Código Penal relacionadas con los delitos contra la administración pública.

También expresó preocupación por la situación de Bográn en el proceso de los hospitales móviles y por la posibilidad de que, al cumplir los requisitos legales correspondientes, su defensa solicite un beneficio de libertad en ese expediente.

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