Desde 1993, Honduras ha ejecutado cuatro procesos de depuración en la Policía Nacional que costaron más de mil millones de lempiras en indemnizaciones.
Más de seis mil agentes fueron destituidos, pero informes internos de la Policía revelan que hay aún oficiales y policías involucrados en ilícitos.
Desde agentes de escala básica de la Policía Nacional, pasando por efectivos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), hasta detectives de la Dirección Nacional de Investigación (DPI), han sido protagonistas de noticias por violar las leyes que juraron proteger.
Las denuncias muestran que los verdaderos responsables de actos delictivos permanecen activos en la Policía, mientras la confianza ciudadana sigue erosionándose.
El origen de una cruzada inconclusa
En 1993, la Policía Nacional fue acusada de ser un “atajo de corruptos y ladrones” por Josué Eli Zúñiga, un exagente que denunció que los uniformados eran responsables de la mayoría de asesinatos en la costa norte.
El caso del empresario Eduardo Piña Van Tuyl desató una ola de indignación que obligó al gobierno del extinto Rafael Leonardo Callejas a crear la primera Comisión Ad Hoc.
Este fue el inicio de una larga lucha por depurar a una institución que, desde sus cimientos, estaba al servicio del crimen organizado.
Luego, dicha Comisión fue transformada en una Junta Interventora denominada “de Transición”.
Este proceso fue liderado por el fallecido Hernán Corrales Padilla, quien trabajó en conjunto con German Leitzelar y César Elvir Sierra.
Tras realizar la evaluación correspondiente, se decidió eliminar la Dirección Nacional de Investigación (DNI), transferir el control de la Policía Nacional al ámbito civil y establecer la Secretaría de Seguridad Pública.
Un problema que nunca se erradicó
A lo largo de más de 30 años, cuatro comisiones y entidades como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), intentaron limpiar la Policía.
Sin embargo, cada proceso es criticado por su falta de transparencia y por enfocarse en criterios subjetivos más que en pruebas concretas.
Según oficiales depurados, los verdaderos delincuentes nunca fueron expulsados, mientras que el Estado enfrentó demandas millonarias por despidos considerados arbitrarios.
Crímenes que reavivaron el clamor por justicia
El asesinato de figuras como Julián Arístides González y Alfredo Landaverde expuso el nivel de corrupción dentro de la Policía.
En 2016, un informe del New York Times detalló cómo estos crímenes se orquestaron desde las mismas filas policiales, desatando una nueva ola de reformas que culminó en la creación de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Recientemente, decenas de mujeres denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que agentes de seguridad llevaron a cabo allanamientos entre la medianoche y el amanecer.
Durante estas acciones, señalaron un uso desproporcionado de la fuerza y la violación de sus derechos, lo que las colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Costos financieros y sociales
El proceso de depuración ha tenido un alto costo. Entre 2017 y 2018, el gobierno destinó mil millones de lempiras en indemnizaciones a los depurados, y se espera que este monto crezca a medida que más agentes presenten recursos legales.
Según la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas, miles de agentes podrán ser reintegrados debido a errores procesales, lo que agravará la crisis financiera y de credibilidad en la institución.
A pesar de las reformas, la Policía Nacional sigue siendo vista como un brazo del crimen organizado.
Eduardo Villanueva, exdirector de la DIECP, destaca que la corrupción es una herencia de la Fuerza de Seguridad Pública (Fusep), una institución que sembró el temor en la población y que aún parece influir en las prácticas policiales actuales.
Casos recientes
Un caso que vincula a agentes policiales con actividades delictivas es el de cinco efectivos de la Dipampco, acusados de secuestro y extorsión.
Los señalados son: Osmín Orellana Paz, Lester Nahún Uclés Andino, Andy José Pérez Zelaya, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza y Enry Michael Cárcamo Molina, quienes estaban asignados al departamento de Seguridad y Transporte Urbano.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, los agentes contactaban a sus víctimas haciéndose pasar por conocidos.
Una vez establecían contacto, las subían a vehículos oficiales de la Dipampco, donde las trasladaban por varias calles de San Pedro Sula mientras exigían el pago del rescate.
Las cifras requeridas por los imputados oscilaban entre 100 y 300 mil lempiras. Además, se documentó que, en el caso de víctimas mujeres, las amenazaron con agresiones sexuales si no accedían a las demandas.
En enero de 2024, la Fiscalía acusó a siete agentes de la Policía Nacional por su presunta participación en el robo de 13 millones de lempiras a un ciudadano en la Residencial Los Andes, en San Pedro Sula.
Los implicados: Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Catillo Martínez, Luis Gustavo Martínez, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández y Enar Moisés Ramos Ochoa fueron señalados por asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falsos testimonios.
Las cifras
La Didadpol informó que en el primer semestre del año 2024 se recibieron 1,586 denuncias contra miembros de la carrera policial, de las cuales 898 se remitieron mediante un informe de la Policía Nacional.
Asimismo, 128 denuncias se llevan de oficio, mientras que otras 568 se registraron a través de medios presenciales, telefónicos y el portal web.
En cuanto a las investigaciones, se realizaron 1,177 diligencias, aunque solo se archivaron 76 expedientes disciplinarios y 331 se desestimaron por diversas razones.
Entre enero y junio de 2024, se llevaron a cabo 719 audiencias de descargo, de las cuales se emitieron 362 dictámenes técnicos administrativos con recomendaciones de despido, enviados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS).
Además, se realizaron 201 recomendaciones de suspensión del permiso de salida por un período de hasta 15 días o la aplicación de deducciones salariales.
Impunidad
A pesar de las reformas, la Policía Nacional continúa en la mira por considerarse como un brazo del crimen organizado.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, denunció en reiteradas ocasiones a miembros actuales de la cúpula de la Policía Nacional.
También, a oficiales recientemente ascendidos por el Congreso Nacional, señalándolos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Honduras enfrenta un dilema: depurar a su Policía Nacional o seguir atrapada en un círculo vicioso de corrupción e impunidad.
Mientras, los esfuerzos por reformar la institución se tambalean entre errores procesales y falta de voluntad política.
Por ello, la ciudadanía sigue esperando una Policía que no sea un “ente al servicio del crimen”, sino un pilar de justicia y seguridad. ¿Será posible romper este ciclo en un futuro cercano?
