Las denuncias contra miembros de la Policía Nacional continúan generando preocupación en Honduras. En lo que va del año, más de 40 agentes han sido señalados por presuntos actos de soborno, mientras que al menos tres enfrentan acusaciones por acoso sexual, según información en poder de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol).

El abogado German Daniel Licona, especialista en temas de seguridad, declaró al noticiero TN5 Matutino, de Canal 5, que estos casos forman parte de un expediente que ya está siendo analizado por las autoridades competentes, lo que refleja una problemática persistente dentro de la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana.

Faltas graves y delitos penales

De acuerdo con Licona, desde el proceso de depuración policial impulsado en 2016 se establecieron mecanismos para investigar y sancionar las faltas graves cometidas por funcionarios públicos. Estas normativas permiten la apertura de procesos administrativos disciplinarios que pueden derivar en la destitución inmediata de los implicados.

“Es una constante que se sigan instruyendo procedimientos disciplinarios cuando se detectan faltas muy graves. En estos casos, los funcionarios pueden ser separados del cargo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”, señaló.

Sin embargo, el especialista advirtió que, en algunos casos, las irregularidades detectadas no solo constituyen faltas administrativas, sino posibles delitos penales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se identifican prácticas de soborno, lo que podría configurarse como cohecho, o cuando se presentan denuncias de acoso sexual.

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“Cuando la Didapol determina que no se trata únicamente de faltas administrativas, sino de delitos, los casos deben ser remitidos al Ministerio Público para que continúe el proceso investigativo”, explicó.

En ese sentido, los más de 40 casos relacionados con sobornos podrían implicar la existencia de una red de corrupción que involucra a funcionarios públicos, lo que eleva la gravedad de la situación.

Acoso sexual: Un flagelo interno

En cuanto a los tres casos de presunto acoso sexual, Licona indicó que estos podrían ser tipificados como hostigamiento sexual, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal hondureño.

Una vez que los expedientes son trasladados al Ministerio Público, corresponde a esta institución recabar pruebas, tomar declaraciones y determinar si existen suficientes elementos para presentar requerimientos fiscales ante los tribunales competentes.

“El Ministerio Público es el encargado de ejercer la acción penal. Será esta instancia la que determine las responsabilidades y solicite órdenes de captura si corresponde”, añadió.

Pese a la gravedad de las denuncias, el abogado consideró que estos procesos también evidencian que los mecanismos de control interno están funcionando, al permitir la identificación y depuración de elementos que actúan al margen de la ley.

No obstante, el impacto de estas acusaciones sigue generando preocupación entre la población, que exige mayor transparencia y resultados concretos en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones de seguridad.

Hasta el momento, ni las autoridades de la Didapol ni de la Policía Nacional se han pronunciado al respecto.

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