Ha pasado más de un año desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger a 30 defensores del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, al noreste de Honduras.
Sin embargo, el Estado de Honduras sigue sin implementar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes arriesgan su vida por defender el medio ambiente y los derechos humanos.
El asesinato de Juan López, el 14 de septiembre de 2024, uno de los beneficiarios de estas medidas, refleja la falta de compromiso estatal para proteger a los defensores, mientras las amenazas y agresiones continúan.
La ausencia de medidas efectivas deja a estas comunidades expuestas a un riesgo constante, agravando la crisis de violencia en la región y evidenciando la urgente necesidad de respuestas concretas y efectivas.
Un grito ignorado
El Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol denunció repetidamente la falta de acciones concretas por parte del gobierno hondureño.
"Son más de 365 días sin respuestas, sin protección, y con familias desplazadas por miedo a represalias", afirmaron desde el Observatorio.
Los defensores resaltan que las amenazas persisten y se intensifican tras el asesinato de López.
Impunidad y riesgo constante
El caso de Juan López no es el único. Los crímenes de Aly y Oqueli Domínguez, y Jairo Bonilla, también defensores, siguen impunes.
A pesar de los procesos judiciales en marcha, el riesgo para los defensores aumenta por la falta de acciones contundentes del Estado, que sigue sin identificar y juzgar a los autores intelectuales detrás de estos crímenes.
El llamado no solo es para el Mecanismo de Protección, que muestra deficiencias, sino para el Estado en su totalidad.
El cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco de la MC 137-2023 sigue siendo una deuda pendiente.
Esos acuerdos abarcan desde la creación de comisiones hasta la implementación del Decreto 18-2024.
Más de un año después, la lucha por la justicia continúa, y la seguridad de los defensores del medio ambiente sigue siendo un desafío.
Cada día sin acciones efectivas es un día en que la vida de estas personas corre peligro, esperando que el silencio del Estado no se traduzca en más víctimas.
