“Antes de construir más cárceles de máxima seguridad, debería atenderse la finalidad de la pena. Hacer planificaciones para cumplir lo que dice la Constitución, que la pena tiene como finalidad la rehabilitación para la reinserción”, comenta a tunota la juez de Ejecución, Mildred López.
Esto por el anuncio de la Secretaría de Seguridad de construir dos nuevos centros penitenciarios: uno en la Isla del Cisne y otro en Gracias a Dios.
Para la impartidora de justicia, el Gobierno debe empezar por clasificar a la población privada de libertad. Que los consejos técnicos interdisciplinarios diseñen los planes de atención para los condenados y acciones inmediatas para los procesados.
“Una vez que tengan la clasificación van a determinar quiénes son las personas que tienen que estar en cárceles de máxima, media y mínima seguridad.
Es seguro que una vez que haga la clasificación, quizás dos que tres personas necesitan una cárcel de máxima seguridad”, señala López.
Para la juez, las cárceles de máxima seguridad no están clasificadas, sino que se establecen en relación a la pertenencia de grupos de maras y pandillas. “Hasta ellos tienen derecho a rehabilitación”, explica.
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Mejores controles
No es represión, dice la juez. Si quieren seguridad en las cárceles, hay que tener mejores controles.
“Que no exista el autogobierno de los privados de libertad. Que la autoridad se sienta no por la arbitrariedad, sino que se aplique correctamente la legislación penitenciaria", pide.
La abogada detalla que Honduras tiene 19 mil reclusos, lo que equivale a 20 privados de libertad por cada mil habitantes.
“La carga que representa cada uno es altísima. Las cárceles deben producir y en vez de estar ociosos los privados, ponerles ocupaciones”.
Sentencias de la CIDH
Joaquín Mejía, abogado especialista en Derechos Humanos, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos sentencias contra el Estado de Honduras.
En el caso López Álvarez contra Honduras y Pacheco Teruel, la Corte ordenó al Estado mejorar las condiciones carcelarias
“De hecho en la sentencia Pacheco Teruel, la Corte ordena que construya una nueva cárcel en San Pedro Sula y que además repare aquellas cárceles que han sido declaradas en emergencia y bajo esa lógica el Estado de Honduras, sobre todo en el régimen anterior, comenzó a construir lo que le llamamos las megacárceles”, indica Mejía.
Ahora el anuncio de construir dos cárceles no contrasta con lo que señaló la CIDH en su informe del año 2019 sobre Honduras, en el que dijo que la construcción de este tipo de cárceles no es una solución idónea a los problemas del sistema penitenciario.
Tampoco es una solución sostenible en el tiempo, porque Honduras privilegia la prisión preventiva y por ello crece permanentemente la población penitenciaria.
“Tiene que ver con la aplicación de una política criminal que privilegia la represión, la privación de la libertad y no otras medidas que puedan resolver los problemas de criminalidad que hay en el país”, expone Joaquín Mejía.
En conclusión, la CIDH señala que con el establecimiento de este tipo de cárceles el Estado privilegia un modelo de seguridad por encima de su obligación de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
A favor de las cárceles
Pero Gonzalo Sánchez, criminólogo, es del criterio que esa construcción de cárceles es necesaria por el hacinamiento y por eso la Policía ve factible esa edificación.
“Se está haciendo básicamente para alojar a personas del crimen organizado y que no se dé más hacinamiento”, refiere.
Dice que no se puede tapar el sol con un dedo, porque lo que pasa es que el personal administrativo y operativo se presta por dinero para pasar armas, droga, celulares, armas, entre otros.
“Cómo es posible que esto pase. Si adentro los privados tienen armas, licor, marihuana, droga (…) entonces cómo pueden entrar si hay altas medidas de seguridad. Tienen que ser los mismos empleados del sistema”, concluye.
