Luego de la audiencia, el juzgado dictó detención judicial a las pandilleras y programó la audiencia inicial para el 30 de enero a las 9:00 de la mañana, la cual se desarrollará bajo la modalidad virtual, informó el Poder Judicial.

Las acusadas son Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila.

El Ministerio Público acusa a estas mujeres que actualmente están privadas de libertad por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte de arma de fuego permitida en perjuicio de 46 mujeres.

Investigación

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en colaboración con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las pandilleras planearon un homicidio múltiple en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ubicada en la aldea de Támara de Tegucigalpa.

La Fiscalía afirma que "fue una operación meticulosamente planificada", y las acusadas, que se encontraban en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de diversos calibres, tanto prohibidas como permitidas, así como objetos punzocortantes y contundentes.

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El 20 de junio de 2023, las pandilleras "lograron someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros que contenían los listados de la población penitenciaria", según un comunicado del Ministerio Público.

Posteriormente, las colocaron boca abajo antes de encerrarlas en el módulo 6. Luego se dirigieron a otros espacios que albergaban al resto de la población penitenciaria.

La masacre

Simultáneamente, otro grupo de reclusas pertenecientes a la pandilla 18 se dirigió hacia los módulos 1 al 4, donde se encontraban las mujeres afiliadas a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según relata la Fiscalía, las acusadas desactivaron las cámaras de seguridad del PNFAS y utilizaron una almágana para golpear los candados de los módulos hasta lograr acceder a ellos.

"La coordinación era meticulosa y sorpresiva, y fue el momento en el que ejecutaron a las 23 reclusas", indicó la Fiscalía.

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Mientras tanto, describe el Ministerio Público que otras 23 reclusas, al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas, cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran. Sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego.

"Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono".

¿Cómo obtuvieron las armas?

Para cometer los ilícitos, según la investigación, las nueve pandilleras obtuvieron desde el exterior del centro penal armas de fuego, como 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros).

Además, se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas en el interior de la penitenciaría.

Según informó la Fiscalía, las investigaciones continúan su curso para individualizar a otras posibles participantes de estos crímenes, y aseguran que se trabaja en distintas pericias técnicas y científicas.

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