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El Ministerio Público (MP) de Honduras informó este martes que, en el marco de las elecciones primarias y generales de 2025, ha activado la Unidad Especial contra Delitos Electorales (Uecde) para investigar y perseguir los delitos en materia electoral y conexos.
En un comunicado, el MP indicó que "no tolerará ninguna acción que atente contra el proceso democrático de marzo y noviembre de 2025" y que actuará contra cualquier persona que cometa actos ilícitos antes, durante y después de las elecciones, y que intente vulnerar la voluntad popular.
Estos infractores serán investigados, procesados y sometidos a la justicia, advirtió el MP.
La Uecde, con sede en Tegucigalpa, capital de Honduras, tendrá jurisdicción a nivel nacional, según informó el ente acusador del Estado.
La Fiscalía hondureña también destacó que "no habrá impunidad" para quienes incurran en delitos como la compra de votos, la coacción, la falsificación de documentos electorales, la alteración de resultados o cualquier otra conducta que atente contra el derecho legítimo del pueblo a elegir a sus representantes de manera libre y transparente.
El MP habilitó el número telefónico 2221-8268 y el correo electrónico unidadespecialcontradelitosele@gmail.com para recibir denuncias de personas que estén cometiendo delitos electorales.
Delitos electorales
La Uecde recibirá denuncias relacionadas con la comisión de delitos electorales establecidos en los artículos 542 a 547 del Código Penal vigente de Honduras.
El artículo 542 de la normativa menciona el delito de coacción y amenaza electoral, y contempla una pena de 4 a 6 años de cárcel para quienes incurran en cualquiera de estas conductas:
Otro delito es la falsificación de documentos electorales, establecido en el artículo 543 del Código Penal hondureño. Se consideran documentos electorales los siguientes:
- El Censo Nacional Electoral.
- Listados de Electores.
- Cuadernos de Votación.
- Actas de los Organismos Electorales.
- Listas de electores inhabilitados.
- Certificaciones de resultados y cualquier otra clase utilizada en el proceso electoral.
- Las propuestas por escrito de los Partidos Políticos para integrar Organismos Electorales.
- La información contenida en los formatos de transmisión de resultados preliminares.
- Credenciales que extienda el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
- Papeletas Electorales.
- Tarjetas de Identidad.
- Las nóminas de candidatos a cargos de elección popular.
La comisión de este tipo de delito será castigada con las penas correspondientes al delito de falsificación de documentos públicos y pérdida de la ciudadanía por el mismo tiempo que dure la privación de libertad, según establece la Ley.
El artículo 456 del Código Penal establece una pena de 4 a 8 años de cárcel y una multa de entre 300 y 500 días si se trata de falsificación de documentos públicos.
"Violencia política"
La activación de la Unidad Especial contra Delitos Electorales se da en un contexto en el que los partidos políticos entregan al Consejo Nacional Electoral (CNE) las planillas de los movimientos que participarán en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
En este proceso de inscripción, se registró un incidente en el que Sara Zavala, aspirante a diputada por el Partido Nacional (PN) en el departamento de Francisco Morazán, fue agredida presuntamente por un seguidor del partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder.
Diversos sectores políticos condenaron este ataque, en el que Zavala, del movimiento Papi a la Orden del precandidato presidencial Nasry Asfura, sufrió una fractura en la nariz tras ser golpeada con un cono de seguridad.
El Partido Nacional hizo "un llamado a la comunidad nacional e internacional ante la violencia política que estamos viviendo en Honduras por el Partido oficialista".
Las autoridades no se han pronunciado sobre este incidente, que guarda similitudes con el ocurrido el pasado 2 de noviembre, cuando un simpatizante del Partido Nacional estuvo cerca de perder la vida tras recibir una puñalada en el cuello, propinada por un militante de Libre.
Este hecho ocurrió a las afueras del cementerio del municipio de Langue, Valle, al sur del país. Aunque se presentó la denuncia, las autoridades de seguridad manifestaron que no se trataba de violencia política.