El portavoz del Poder Judicial, César Silva, informó el miércoles (19.1.2022) que durante el juicio contra los exfuncionarios de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, el Ministerio Público solicitó que ambos sean juzgados con el Código Penal anterior por los delitos que se les imputa en la compra de siete hospitales móviles.

Bográn, exdirector, y Moraes, exadministrador de Invest-H, son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios por la compra "fraudulenta" de siete hospitales móviles adquiridos entre marzo y abril de 2020 para mitigar la pandemia del covid-19 en Honduras.

En ese sentido, Silva indicó que en la acusación de la fiscalía se pidió que ellos sean juzgados con el Código Penal que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos en marzo 2020, cuando no habían entrado en vigencia el actual Código Penal que comenzó a aplicarse a finales de junio de 2020.

Esto, debido a que en el Código Penal vigente ambos delitos tienen una reducción de penas, por lo que la fiscalía solicitó que sean juzgados con la ley anterior pues fue en el tiempo donde ellos cometieron ambos delitos.

Silva indicó que "en el delito de violación a los deberes de los funcionarios se ha modificado porque en el nuevo Código Penal habla de inhabilitación especial, cuando en el Código Penal anterior tenía varios años de prisión".

Fraude

En el caso del delito de fraude, el artículo 376 del Código Penal anterior castiga con una pena de 6 a 9 años de prisión. Es decir que, si los funcionarios son culpables de los dos delitos de fraude, acusarían una pena de 12 a 18 años de prisión.

Mientras que, con el artículo 482 del nuevo Código Penal la pena se reduce entre 5 y 7 años; lo que implicaría que si Bográn y Moraes son culpables de los dos delitos de fraude, podrían enfrentar una pena de entre 10 y 14 años de prisión.

Sin embargo, este también aplica una sanción monetaria, por lo que Bográn y Moraes se exponen a una multa del valor de los hospitales móviles cuyo costo ascendió a 1,174 millones de lempiras o hasta el triple del costo de los recintos que sumarían los 3,522 millones de lempiras.

Violación a los deberes de los funcionarios

El artículo 349 del Código Penal anterior aplica una pena por el delito de violación a los deberes de los funcionarios de 3 a 6 años de prisión, lo que indica que, si Bográn y Moraes son encontrados culpables de los dos delitos que se les acusa enfrentarían una pena de 6 a 12 años de prisión.

Asimismo, una inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.

Mientras tanto, en el artículo 499 del nuevo Código Penal, el delito de violación a los deberes de los funcionarios no es castigado con penas de prisión.

El delito solamente deberá ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.

Aunque, según explicó el abogado Mario Aguilar a Tunota.com, la figura de violación a los deberes de los funcionarios no aparece explicitamente en la nueva ley penal, por lo que este delito no podría ser aplicado.

Caso hopitales móviles

Invest-H adquirió en marzo de 2020 siete hospitales móviles a un costo de más de 47 millones de dólares a un consorcio de empresas denominadas representadas por el guatemalteco Axel López.

Sin embargo, investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revelaron que el costo real de los hospitales era de 14 millones de dólares, existiendo una sobrevaloración de 34 millones de dólares; es decir, 833 millones de lempiras.

Por este caso también está acusado Axel López por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario y a quien se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos.

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