En el programa de Frente a Frente de este 19 de junio se abordó el tema ¿El retraso de la reforma eléctrica responde a intereses técnicos o políticos?.
Para debatir este enfoque estuvieron como invitados los diputados del Partido Liberal de Honduras: Jorge Cálix y Alberto Cruz, además de la dirigente Julia Talbott. Vía telefónica participó la exrectora Julieta Castellanos.
Durante el foro, se analizó la parálisis legislativa de una ley que busca modernizar el sector energético, pero que se enfrenta a las profundas reservas de la bancada liberal frente a posibles riesgos de privatización y falta de claridad técnica.
Las líneas rojas de Jorge Cálix
El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, fue enfático al establecer que la propiedad estatal de la energía es innegociable. "Nuestra posición es la posición de 10 millones de hondureños: no queremos que la ENEE se privatice. Punto. Esa es nuestra línea roja", afirmó de manera tajante.
Asimismo garantizó que "no habrá ni un tan solo voto liberal para privatizar la ENEE" y pidió a la población guardar esa promesa como un compromiso público.
Cálix contrastó la situación actual con el proyecto original, explicando que de las 10 solicitudes presentadas por su bancada el 15 de junio, el gobierno ha incluido cinco de manera completa, cuatro de forma parcial y una todavía está pendiente.
Entre sus mayores preocupaciones destaca la necesidad de un dictamen técnico que explique cómo la reforma bajará las tarifas: "A mí que me expliquen cómo... el pueblo hondureño tiene derecho a saber cómo esto lo va a beneficiar".
Además, calificó a la estatal como el "hoyo negro de las finanzas públicas" que debe arreglarse "despacio y con buena letra".
El cuestionamiento de Julieta Castellanos
Por su parte, la exrectora Julieta Castellanos, quien intervino vía telefónica, aportó una visión de urgencia basada en la inviabilidad financiera de la empresa.
Castellanos cuestionó la reticencia del Partido Liberal basándose en un documento interno del Congreso que sugería que las 18 solicitudes de diversos sectores (incluyendo 10 de los liberales) ya habían sido admitidas.
"¿Por qué no aprobar la reforma?", preguntó, recordando que la ENEE pierde diariamente 50 millones de lempiras, una carga que recae sobre los contribuyentes
Para Castellanos, el actual es un "modelo fracasado" de más de dos décadas que no se puede seguir sosteniendo mientras las zonas productivas del país sufren por la falta de energía confiable.
Su postura contrastó directamente con la de Cálix, al asegurar que, según sus fuentes en el Congreso, casi la totalidad de los puntos exigidos ya estaban reflejados en el nuevo dictamen.
La visión de Julia Talbott y el fantasma de Hondutel
Julia Talbot enfocó su análisis en las fallas estructurales de comunicación del gobierno, advirtiendo que la ENEE corre el riesgo de convertirse en un "cadáver" institucional si no se reforma a tiempo, utilizando la "analogía de Hondutel" para ilustrar cómo una empresa estatal puede morir por falta de competitividad y cambios en su modelo.
La dirigente reconoció que existe una división interna en el Partido Liberal, pues algunos diputados mantienen una postura de rechazo sin notar que sus propias exigencias ya han sido incorporadas en el dictamen legislativo.
Talbot criticó que se priorice la narrativa de la privatización por encima de la eficiencia, subrayando que la población hondureña, cansada de los apagones, lo que realmente demanda son soluciones concretas más que debates sobre mecanismos ideológicos.
Alberto Cruz: "Modernización sí, privatización no"
Alberto Cruz aportó una visión técnica y fiscal al comparar la situación financiera de la ENEE con un "calcetín que tiene un agujero abajo", señalando que las pérdidas de 15,000 millones de lempiras anuales provocan que cualquier inyección de capital se pierda sin remedio.
El diputado defendió una postura equilibrada que reconoce la necesidad urgente de modernización y reestructuración, pero exigiendo reglas claras para democratizar el mercado eléctrico y evitar que la reforma facilite la creación de nuevos monopolios.
Cruz reafirmó el compromiso liberal de proteger la propiedad del Estado, enfatizando que cualquier transferencia de activos debe contar con una autorización expresa del Congreso para prevenir "privatizaciones disfrazadas", bajo la premisa final de "Modernización sí, privatización no".
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