En primera instancia, el Ministerio Público (MP) detalló que no puede limitar -ni ninguna otra autoridad- el derecho de presentar denuncias que tiene toda persona natural o jurídica contra otra.
Asimismo, asegura que traslados, rotaciones, permutas y remociones de cargo se hacen según lo establecido en su ley "y jamás de forma antojadiza o como acto de represalia".
Entretanto, recuerda que la acción penal pública es una facultad constitucional del MP al amparo de legalidad frente a conductas constitutivas de delito.
Además, indica que el ejercicio de la acción penal privada corresponde a los titulares de bienes jurídicos que se consideren afectados.
Por otra parte, especificó que "si en el marco de las actividades realizadas durante este periodo (paro de labores) no se han ejecutado acciones u omisiones que sean subsumibles en un tipo penal, entonces no deberán albergar preocupación alguna".
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Avances en negociaciones
Los empleados del Ministerio Público comenzaron el pasado 6 de febrero acciones de presión, entre ellas paro de labores, toma de instalaciones, toma de carreteras y suspensión de servicios forenses, para exigir un reajuste salarial.
Las autoridades del Ministerio Público pusieron sobre la mesa una oferta de aumento salarial de 3,600 lempiras, L2,000 por sueldo y de L1,600 por costo de vida, misma que sería aceptada por los manifestantes.
Este sería de forma general y retroactiva, cuyo en vigor entraría a partir de enero de 2024.
Sin embargo, la falta de un acuerdo de "compromiso de no represalias" y la espera que el Congreso Nacional apruebe los desembolsos necesarios, provoca que las protestas continúen.
El presupuesto asignado al MP para todo 2023 es de 2,246 millones de lempiras, al que se sumarían alrededor de 582 millones de lempiras para hacer efectivo el reajuste salarial.
Actualmente, la Fiscalía eroga más L108 millones mensuales en concepto de salarios de 3,788 funcionarios que lo integran (3,599 por acuerdo y 189 por contrato).
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