En las últimas horas, la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) declaró que "en efecto ya hay un acuerdo entre Fiscalía General, Fiscalía General Adjunta y la dirigencia de la protesta, pero en el Congreso no se ha dado respuesta".

La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional deberá dictaminar el proyecto destinado a ampliar el presupuesto y deberá someterlo a votación del pleno de legisladores.

En caso de recibir una votación favorable, se autorizará a la Secretaría de Finanzas el desembolso del dinero que servirá para aprobar los incrementos que, según los fiscales en protesta, serían de L2,000 por sueldo y de L1,600 por costo de vida.

Los aumentos, aseguraron los fiscales, serán de forma general y retroactiva, y entrarán en vigor a partir de enero de 2024.

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El presidente de la AFH, Víctor Marín, informó que los empleados que laboran en el área administrativa, "los más vulnerados", serán los "más beneficiados".

Negociaciones

El miércoles, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que "ya está solucionado el asunto".

"Los empleados recibirán un reajuste salarial, porque ya hay un acuerdo, así que ya está solucionado el asunto", declaró el titular del Legislativo, aunque no especificó qué directrices han sido dadas a la Comisión de Presupuesto.

Ante la incertidumbre, Marín aseguró que "esta lucha se acaba hasta que se haya firmado ese acuerdo por escrito, que debe llevar también la protección de no traslados, no arbitrariedades".

"No se ha terminado esta lucha, mientras no haya nada firmado, esta lucha continúa firme. Eso se acordó en las negociaciones entre ambas partes", se pronunció en similares términos Ana Molina, portavoz de los médicos forenses, este sábado.

Crisis

Las protestas en el Ministerio Público llegaron este sábado a 68 días en protestas, en reclamo a mejores condiciones laborales y económicas.

Algunos fiscales y médicos forenses han detenido parcialmente las labores de la Fiscalía, situación que ha llevado, semanas atrás, a la conformación de un equipo interinstitucional entre el Poder Judicial y la Secretaría de Salud.

Ambas instituciones han puesto a disposición a jueces de paz y médicos forenses, con el objetivo de que realicen levantamientos cadavéricos, una de las labores que se han paralizado.

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