El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra tres agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), señalados por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) impulsa el proceso judicial y también acusa a uno de los funcionarios por la supuesta tenencia de munición prohibida. El caso surgió tras una intervención policial en San Pedro Sula, Cortés.
Durante un allanamiento realizado el 19 de octubre de 2026 en una vivienda del bulevar Mackey, las autoridades encontraron presuntas drogas, municiones y otros artículos que ahora forman parte de las evidencias bajo investigación.
Decomiso de drogas durante allanamiento en San Pedro Sula
En la vivienda, los investigadores decomisaron 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y varias cantidades de una sustancia que se presume es crack.
El operativo también permitió recolectar cargadores para armas de fuego, municiones, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras policiales anteriores. Las autoridades analizarán estos indicios como parte de las diligencias.
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Así comenzó la investigación contra los policías
Un día antes, el 20 de octubre, autoridades confirmaron la detención de dos agentes de la DAET en San Pedro Sula, por la presunta apropiación de drogas decomisadas a la banda conocida como Los Cabezones.
Según las declaraciones de funcionarios de Seguridad, las sustancias habrían quedado en poder de los policías sin cumplir el procedimiento correspondiente para su remisión. La investigación busca establecer cómo se manejaron los decomisos y si hubo otras irregularidades.
Ministerio Público solicita órdenes de captura
Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional competente que emita las respectivas órdenes de captura contra los tres agentes imputados.
La Fiscalía busca esclarecer la posible participación de los funcionarios en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a los resultados de la investigación.
La presentación del requerimiento fiscal da inicio a la acción penal contra los señalados. Ahora, las autoridades judiciales deberán conocer el caso y resolverlo conforme a derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
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