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El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal contra cinco exfuncionarios de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) y dos representantes de la Fundación Ayudando con Amor, por el desvío de 39.5 millones de lempiras en fondos públicos.
La acusación es por los delitos de fraude y uso de documentos falsos en perjuicio del Estado de Honduras. Los requerimientos fueron presentados contra las siguientes personas:
- Cristy Dayanara Sánchez Valle, excoordinadora técnica de la UCP
- Tania Michell Montoya Zepeda, exgerente administrativa y financiera
- Mario Roberto Reyes López, exdirector del Programa de Vivienda Social
- Leyla Patricia Rubio Valladares, excoordinadora de la Unidad de Presupuesto
- Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas, representantes de la Fundación Ayudando con Amor
Según la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), estas personas utilizaron el fideicomiso SITEC, a pesar de que ya estaba derogado, para simular un proyecto social que nunca se ejecutó.
El dinero fue transferido en forma de "donación" a la fundación, pese a que la UCP no tenía facultad legal para hacer donativos, ya que los fondos provenían de impuestos como la Tasa Vehicular y el registro de propiedades, explicó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
El Ministerio Público aseguró que este es el inicio de una serie de investigaciones sobre el uso indebido de fideicomisos públicos y el desfalco sistemático de recursos del Estado hondureño.
Más requerimientos por corrupción pública
En paralelo, el Ministerio Público, mediante las Fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó una serie de requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, particulares y servidores del sector justicia por delitos que afectan directamente las finanzas estatales y la confianza institucional.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó una solicitud de antejuicio por malversación por aplicación diferente contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, y dos regidores.
A ellos se les acusa de aprobar la donación irregular de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda, quien ya enfrenta cargos por recibir sobornos para agilizar trámites.
La FETCCOP también formalizó ocho requerimientos fiscales, entre los que destacan:
- Acusaciones contra exmiembros del Consejo Directivo del Hospital Escuela, quienes en 2017 se habrían aumentado ilegalmente sus salarios.
- Procesos contra cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que realizaron un allanamiento sin orden judicial y sustrajeron 50 mil lempiras de una vivienda en Ocotepeque.
La UNAF también acusó a empleados del Instituto de la Propiedad y a particulares por fraude inmobiliario en San Pedro Sula. Estos habrían falsificado escrituras y utilizado la firma de notarios para registrar propiedades de manera fraudulenta y luego venderlas a víctimas por sumas millonarias.
Agentes y empleados judiciales también en la mira
Por su parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusaciones contra un agente de la ATIC, dos empleadas del Poder Judicial y una agente de la DPI, por presuntos delitos vinculados al abuso de funciones y corrupción.
Finalmente, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) interpuso tres requerimientos fiscales: uno contra dos empleados de Aduanas por incumplimiento de procedimientos obligatorios, y dos casos adicionales por defraudación fiscal y contrabando, que suman un perjuicio al Estado superior al medio millón de lempiras.
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