Julissa Villanueva critica la actuación del Ministerio Público en el caso de la masacre de las 46 mujeres en la cárcel de Támara y aboga por la inclusión de los autores intelectuales en el requerimiento que se presentó contra las autoras materiales.
"Se debe promover siempre las investigaciones para que no se quede en una impunidad descarada”, declaró la funcionaria.
¿Quién dio las armas y municiones?
Villanueva exige conocer al responsable del suministro del 96% de las municiones encontradas en la escena y las armas involucradas.
"En todo sentido se debe investigar la actuación de aquellos que se encargaban y que tenían responsabilidades en el establecimiento”, afirmó.
Villanueva urge al Ministerio Público a investigar a fondo este incidente, subrayando que no debería reducirse a "un simple conflicto entre reclusas".
El requerimiento
El 18 de enero de 2024, la Fiscalía presentó un requerimiento contra nueve pandilleras de la Pandilla 18, acusadas de asesinar a las 46 privadas de libertad que perdieron la vida el pasado 20 de junio de 2023.
Las pandilleras acusadas fueron identificadas como: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas ellas guardan prisión actualmente.
La acusación es por los delitos de asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.
El ataque
Fue según la Fiscalía, "una operación meticulosamente planificada", las acusadas, se encontraban en los módulos 6 y 7, emplearon armas de fuego de diversos calibres, tanto prohibidas como permitidas, así como objetos punzocortantes y contundentes.
"Lograron someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros que contenían los listados de la población penitenciaria", dice el comunicado del Ministerio Público.
Simultáneamente, otro grupo de reclusas pertenecientes a la pandilla 18 se dirigió hacia los módulos 1 al 4, donde se encontraban las mujeres afiliadas a la mara Salvatrucha (MS-13).
Según relata la Fiscalía utilizaron una almágana, golpearon los candados de los módulos hasta lograr acceder a ellos.
Las acusadas y sus acompañantes desactivaron las cámaras de seguridad en la instalación penitenciaria.
"La coordinación era meticulosa y sorpresiva y fue el momento en el que ejecutaron a las 23 reclusas".
Mientras tanto, describe el Ministerio Público que otras 23 reclusas al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran, sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego.
"Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono".
Este episodio representa uno de los momentos más oscuros en las cárceles hondureñas, donde pandilleras armadas con armas de alto calibre sometieron a las guardias penitenciarias, atacaron las celdas de sus rivales y finalmente les dispararon e incendiaron.
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