Recuperar la cárcel ubicada en La Acequia, Naco, Cortés es una opción que analiza tanto la Presidenta Xiomara Castro como Julissa Villanueva de la interventora de los Centros Penitenciarios en el país.
Sin embargo para defensores de los privados de libertad y jueces es una opción que además de requerir una importante erogación de recursos hay que analizar los temas de seguridad, agua y condiciones climáticas.
La comisionada, Sandra Rodríguez, del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV), dice que ese penal que estuvo bajo la coordinación de Monseñor Rómulo Emiliani hasta el 2016, pasó al Estado hondureño.
En 2020, se ordenó en el PCM 102-2020 continuar la construcción y habilitarlo, pero nadie sabe qué ocurrió con los 160 millones que se asignaron.
“Esos 160 millones de lempiras estaban programados para ser entregados en 18 meses. Pero este es un monumento a la corrupción carcelaria ya que la comisión interventora liderada por Fusina no entregó, al menos públicamente, un informe. No sabemos qué ocurrió con esos fondos”, denuncia la comisionada.
Sí ayudaría
Para Rodríguez habilitar un centro penitenciario ayudaría en gran manera, a resolver los problemas de desarraigo familiar y a Naco lo ve como un centro penitenciario preventivo.
“Necesitan hacer una buena inversión ya que el costo que se tenía en el 2020 era de 160 millones de lempiras, para el 2023, subiría porque hay que combatir el problema de la condición térmica en los módulos”, señala.
La representante de Conaprev dice que hay que trabajar en el descongestionamiento pero habilitar Naco es dinero.
“Naco significa una gran erogación de fondos. Estamos conscientes que para reducir el hacinamiento la medida por excelencia es hacer un plan de descongestionamiento gradual, eliminar la mora judicial por la gran cantidad de privados que no tiene sentencia firme”, señala.
“Dijeron que no se podía utilizar”
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), dice que la última información que se tuvo es que esa cárcel no se podía utilizar.
“En el Gobierno anterior dijeron que no se podía utilizar porque no llenaba los requisitos de seguridad y para reformular o reconstruirla y que fuera una cárcel con la seguridad respectiva se invertía más que lo que ya estaba invertido”, refiere.
Para el presidente del Codeh lo más conveniente con esa construcción de Naco es hacer un instituto técnico.
“Puede ser un instituto técnico, un centro de salud avanzado o un hospital, pero debe dársele una utilidad porque la inversión solo representa la falta de orientación en la construcción del mismo”.
Urge un centro penal
La juez de ejecución de El Progreso, Yoro, Mildred López, dice que es necesario habilitar una cárcel, porque la población penitenciaria de El Progreso rebasa su capacidad al recibir a los detenidos que son de San Pedro Sula y Choloma.
“Se necesita que se habilite ese centro penitenciario de Naco o que se construya un penal para San Pedro Sula, porque la mayoría de internos que pertenece a San Pedro Sula, están desarraigados a nivel nacional”, justifica.
Solo en El Progreso, dice la funcionaria que hay 900 privados de libertad cuando la capacidad es de 500.
“Las condiciones del penal de El Progreso no son las mejores porque la infraestructura es de riesgo, es inundable. Hemos emitido resoluciones para decidir que la capacidad del penal en El Progreso está agotada y que no deben de traer más privados”, pide la juez.
tunota quiso hablar con la doctora Julissa Villanueva, pero no respondió a las solicitudes sobre la posibilidad de habilitar o no la cárcel de Naco.
Antecedentes
La cárcel de Naco, Cortés “se construyó” en un terreno de 200 hectáreas en donde supuestamente se invirtieron más de 193 millones.
La obra se encuentra en abandono. Su construcción inició en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006).
En el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2206-junio de 2009), mediante decreto ejecutivo número PCM 15-2007 se creó la comisión pro construcción del presidio, pero el proyecto quedó abandonado desde el 2016, cuando pasó a manos del Estado.
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