El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, señaló este martes en el programa Frente a Frente, que el estado de excepción en Honduras ha sido mal utilizado, tratándose más como un modelo de seguridad permanente en lugar de una medida extraordinaria para combatir la criminalidad y la violencia.

"Específicamente del tema del estado de excepción y como éste pues lamentablemente se ha tomado más como un modelo de seguridad que como una medida extraordinaria, (…) que tiene una temporalidad de acuerdo a nuestra Constitución", indicó Castañeda.

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Castañeda destacó que la Constitución establece que el estado de excepción debe ser temporal y argumentó que, al perder su carácter excepcional, se ha desviado el enfoque necesario para una política de seguridad integral en el país.

"Honduras lo que requiere urgentemente es una política de seguridad donde obligue, (..), a cada una de las instituciones involucradas en materia de defensa, seguridad y justicia a trabajar", sugirió Castañeda.

No hay avances

Según el experto, aunque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan esfuerzos importantes, estos no se ven reflejados en el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial, debido a la falta de investigaciones y condenas efectivas contra los criminales.

"Aquí a las autoridades de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas que dan la cara, rinden cuentas, y eso nosotros siempre lo reconocemos", dijo Castañeda.

Y agregó "pero el problema es que aunque ellos hagan un trabajo, verdadero, positivo, que tengan resultados, eso no se ve reflejado en el trabajo, en la actividad del Ministerio Público y del Poder Judicial".

Castañeda subrayó que es urgente que las instituciones de defensa, seguridad y justicia, trabajen coordinadamente para lograr resultados duraderos en la lucha contra el crimen organizado.

En 14 ocasiones, el Gobierno de Honduras extendió el estado de excepción y desde entonces al menos 600 quejas por abusos y violaciones cometidas por uniformados durante operativos y allanamientos, han sido recibidas por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Estado de excepción

En diciembre de 2022, el gobierno de Xiomara Castro suspendió las garantías constitucionales mediante el decreto ejecutivo PCM 29-2022, en el que se aplica estado de excepción para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, y dar con el paradero de los actores de delitos como la extorsión, preservar la vida, restablecer la paz y el orden público.

Violencia

Hasta el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), informó que entre 2023 y 2024, Honduras ha registrado 90,388 homicidios.

Asimismo, se detalla que el 39.9 % de estos ocurren entre sábado y domingo, además los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Colón, Yoro y Comayagua acumularon el 63.9% del total de homicidios registrados en el territorio nacional.