Las recompensas por los prófugos en Honduras llegan hasta los 10 millones de dólares y los nuevos operativos dejan capturas, bienes asegurados y organizaciones golpeadas. Sin embargo, sus principales objetivos siguen pendientes.
Entre esos prófugos figuran cabecillas de estructuras criminales, reclamados por la justicia estadounidense y hombres vinculados a investigaciones de alto impacto nacional.
La entrada en vigencia de las reformas antiterroristas coloca nuevamente sus nombres en el escenario de la seguridad hondureña.
Alexander Mendoza, alias "El Porkys", Esteban Ferrera, conocido como "El Diablo", y Juan Carlos Montes Bobadilla aparecen entre los objetivos de mayor perfil.
También figuran los hermanos Urbina Soto y Rolando Josué Sánchez, alias "El Sobrino", cuyas búsquedas motivaron operativos y ofrecimientos de recompensas.
Sus expedientes incluyen fugas judiciales, operaciones en zonas montañosas, solicitudes de extradición y presuntas redes de apoyo que las autoridades buscan desarticular.
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Prófugos: el Porkys: una fuga que sigue pendiente desde 2020
Alexander Mendoza, alias "El Porkys", protagonizó una de las fugas judiciales de mayor impacto en Honduras.
El 13 de febrero de 2020 escapó durante una audiencia en los tribunales de El Progreso, Yoro, en una operación que dejó cuatro policías militares fallecidos.
A Mendoza lo capturaron en 2015 y lo condenaron en 2018 a 20 años de prisión por lavado de activos y asociación ilícita.
Desde su fuga, las autoridades hondureñas mantienen su búsqueda, mientras diferentes versiones sobre su ubicación circulan sin confirmación oficial.
En febrero de 2025 se difundió información sobre una supuesta captura en la isla colombiana de San Andrés y posteriormente, esa versión se desmintió.
Estados Unidos también lo mantiene entre sus objetivos y anunció un incremento de la recompensa hasta 10 millones de dólares por información que permita localizarlo.
El Diablo: operativos y capturas, pero el cabecilla sigue libre
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", lo señalan las autoridades como jefe del denominado Cártel del Diablo.
Su organización ha sido objeto de operaciones policiales en Yoro y otras zonas del territorio hondureño.
El 13 de marzo de 2026, después de un episodio violento registrado en Sulaco, Yoro, circularon versiones sobre su supuesta muerte.
Sin embargo, los organismos de inteligencia descartaron esa información y mantuvieron activa su búsqueda.
De acuerdo con reportes policiales, Ferrera utiliza áreas montañosas y refugios naturales para evadir las operaciones de seguridad.
Las autoridades reportaron cerca de 50 capturas de personas vinculadas o allegadas a la organización.
Además, mantienen una recompensa anunciada de 500,000 lempiras por información que permita detener al cabecilla.
Los hermanos Urbina Soto: dos objetivos buscados en Yoro
Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto también figuran entre los hombres requeridos por la justicia estadounidense por señalamientos relacionados con narcotráfico.
Ambos pertenecen a la familia del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, condenado en Estados Unidos a 19 años de prisión.
En julio de 2024, las autoridades hondureñas anunciaron recompensas de 500,000 lempiras por cada uno y operaciones para localizar a los hermanos.
Asimismo, las investigaciones incluyeron aseguramientos de bienes vinculados a la estructura.
En junio de ese año, una operación de búsqueda en Yoro dejó un policía militar fallecido y otro herido.
Juan Carlos Montes Bobadilla: el integrante del clan que sigue prófugo
Juan Carlos Montes Bobadilla es otro de los objetivos de las autoridades hondureñas y estadounidenses.
Su nombre cobró mayor relevancia después de la operación de mayo de 2022 contra la estructura familiar que operaba en Colón.
Durante aquella intervención fue capturada su madre, Herlinda Bobadilla, posteriormente extraditada y condenada en Estados Unidos a 20 años de prisión.
Su hermano Tito Montes Bobadilla falleció durante el operativo y desde entonces, Juan Carlos permanece entre los integrantes del clan requeridos por las autoridades.
El Gobierno estadounidense anunció una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El Sobrino: de las supuestas influencias a la búsqueda policial
Rolando Josué Sánchez Salinas, conocido como "El Sobrino", es requerido por las autoridades por su presunta vinculación con la muerte del empresario Franklin Villeda.
Las investigaciones también lo relacionan con una supuesta red de falsos profesionales del derecho que operaba en el norte de Honduras.
Según los reportes policiales, Sánchez Salinas se presentaba como criminólogo y utilizaba presuntas influencias institucionales para acercarse a funcionarios públicos.
Incluso llegó a contar con escolta policial, aunque posteriormente le fue retirada. También se habría presentado como responsable de asuntos legales de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), sin ostentar oficialmente ese cargo.
En marzo de 2025, la Policía Nacional anunció una recompensa de 500,000 lempiras por información que permitiera localizarlo y ejecutar su orden de captura.
El caso de Franklin Villeda permanece entre los expedientes de alto impacto vinculados a su búsqueda.
José Alberto Zelaya: más de una década prófugo por el caso IHSS
La lista de prófugos en Honduras también alcanza a investigaciones por corrupción que llevan más de una década abiertas.
José Alberto Zelaya Guevara, exsubgerente de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), es requerido desde octubre de 2014.
El Ministerio Público lo vincula con diferentes investigaciones relacionadas con el desvío de recursos de la institución.
Durante su gestión, entre 2010 y 2014, ocupó un cargo relacionado con los procesos de adquisición de bienes y suministros.
Las investigaciones fiscales lo relacionan con operaciones irregulares, empresas utilizadas para movilizar fondos y contrataciones cuestionadas.
En julio de 2025, la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento contra Zelaya Guevara por presunto fraude y lavado de activos.
Ese expediente incluye cinco compras directas de gasas quirúrgicas por un valor de 893,750 lempiras, adjudicadas presuntamente de manera irregular.
Las reformas antiterroristas y la persecución de los prófugos
Las reformas antiterroristas incorporan nuevas disposiciones al marco jurídico utilizado por Honduras para enfrentar a determinadas organizaciones criminales.
Su aplicación involucra investigaciones del Ministerio Público, operaciones policiales, recopilación de inteligencia y procesos ante los tribunales.
Asimismo, las autoridades buscan identificar estructuras financieras, bienes, colaboradores y redes logísticas relacionadas con las organizaciones investigadas.
En el caso del Cártel del Diablo, las operaciones permiten detener a decenas de personas señaladas por su presunta vinculación con el grupo.
Por otra parte, las investigaciones contra estructuras de narcotráfico incluyen cooperación internacional, solicitudes de extradición y recompensas ofrecidas por Estados Unidos.
Se mantienen operativos para ejecutar órdenes de captura pendientes contra personas investigadas por distintos delitos.
La ofensiva anunciada encuentra así expedientes abiertos desde 2014, una fuga judicial ocurrida en 2020 y cabecillas buscados mediante operaciones de seguridad.
Las recompensas siguen anunciadas, las órdenes de captura continúan pendientes y los nombres de estos prófugos permanecen en las listas de búsqueda.
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