Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, aclaró que la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declara la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), no tiene como objetivo perseguir a ningún ciudadano o entidad en Honduras.

"De ninguna manera la sentencia busca promover acciones de persecución en contra de nadie", afirmó Duarte el pasado domingo 22 de septiembre, durante el programa de debate Treinta a Treinta de Tsi.

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"El análisis realizado por los magistrados fue exhaustivo, y no tiene la intención de crear un ambiente de persecución en el país", agregó Duarte.

El portavoz destacó que malinterpretar la sentencia podría perjudicar a la sociedad hondureña. "Este tipo de análisis le hacen mucho daño al país y a la sociedad", expresó. Asimismo, instó a las partes involucradas y a las instituciones a actuar con responsabilidad tras el fallo emitido por la Corte.

El pasado 20 de septiembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto 236-2012, que reformaba los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como del decreto 120-2013, que contenía la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las ZEDE y de la reforma constitucional que las amparaba marca un punto crítico en el debate sobre estas zonas especiales, pero Duarte reiteró que la sentencia no busca crear persecuciones políticas en el país.

¿Cómo fue la derogación de la ZEDE?

En abril de 2022 el Congreso Nacional derogó la Ley ZEDE por unanimidad de votos, se realizó a través de la aprobación de dos decretos: el Decreto N° 32-2022 y el Decreto N° 33-2022.

El primer decreto busca derogar los artículos de la Constitución que fueron reformados en 2012 para permitir la creación de la Ley ZEDE; sin embargo, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados y ratificada en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos para que entre en vigencia.

En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023.

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