"No tiene miedo", dice la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva quien asegura que las amenazas a muerte que recibe se han incrementado.
"En este país la situación es difícil, las medidas cautelares que tengo se han agudizado con el trabajo delicado en las cárceles", sostiene.
Villanueva asegura que, no es fácil que le digan: "hasta la trabajadora te vamos a matar".
La funcionaria asegura que desde que denunció la muerte de Sheril Yubissa Hernández Mancía y el papel frente de la Comisión Interventora al Instituto Nacional Penitenciario (INP) agudizó las amenazas.
"Miedo no tengo porque soy una profesional formada para esto y no es cualquier cosa que nos pone a temblar”, reafirmó.
Se cuida
Villanueva ha cambiado sus rutinas, ahora pasa más en alerta y aseguró que uno de los factores por los que su hija salió del país, fueron las amenazas.
La hija de Villanueva la nombraron cónsul en Los Ángeles, California, este año.
"La presidenta Castro me pidió seguir en el cargo, me dijo ayúdame, continua de la misma manera que lo has hecho y estoy en eso, para eso me formaron”, comentó.
Las medidas cautelares
El 12 de junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió dar seguimiento y levantamiento Parcial a las medidas cautelares 972-2018 a favor de Semma Julissa Villanueva Barahona.
La CIDH analizó la información brindada por las partes, valoró las medidas de protección adoptadas por el Estado y la continuidad de luna serie de factores de riesgo y desafíos en la implementación de las medidas de protección vigentes.
"Hay elementos para identificar que el riesgo no se ha mitigado a la fecha", dice la CIDH.
Y agrega: "la Comisión decidió mantener y reiterar las medidas cautelares a favor de (1) Semma Julissa Villanueva Barahona; (2) Gregoria América Gómez Ramírez; y (3) Karla Vanessa Beltrán Cruz, y sus núcleos familiares respectivos", dice la resolución.
Las medidas cautelares se otorgaron el 12 de agosto de 2018, al considerar que Semma Julissa Villanueva Barahona y otras personas estaban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Se solicitó a Honduras adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las beneficiarias.
Además debían informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar.
Pero aunque no tiene miedo dice Julissa Villanueva, asegura también que, lejos de bajar el riesgo, el mismo se incrementa.
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