La definición de una nueva política criminal en Honduras abrió un intenso debate tras las revelaciones vertidas en el programa 30/30.
Los representantes del Congreso Nacional explicaron los alcances del plan interinstitucional orientado a desarticular a las maras, pandillas y redes del crimen organizado que operan en el país.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano expuso que la estrategia contempla la articulación directa entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia.
Esta estructura se sostendrá a través de la Agencia Nacional contra el Crimen para unificar criterios operativos y legales en el combate a la delincuencia.
Sin embargo, para ejecutar con éxito este esquema, aún resta discutir y aprobar un paquete clave de reformas penales en el hemiciclo legislativo.
Las iniciativas abarcan desde cambios drásticos al Código Penal hasta la creación de infraestructura penitenciaria de máxima seguridad.
Las reformas pendientes en el Congreso Nacional
Entre las modificaciones prioritarias que faltan por aprobar se encuentran las enmiendas al Código Procesal Penal y al Código Penal, las cuales esperan la opinión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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Tomás Zambrano confirmó que se busca dotar de mayores facultades a los cuerpos de seguridad y ratificar la catalogación de grupos como la MS-18 como estructuras terroristas.
Asimismo, la agenda parlamentaria contempla una moción para instar al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas a gestionar fondos para construir una cárcel de confinamiento severo, inspirada en el modelo CECOT.
La medida busca descongestionar los recintos carcelarios del país, que actualmente albergan a unos 20,000 reclusos y resultan insuficientes para las capturas proyectadas.
Críticas por la falta de ejecución de las leyes
Por su parte, el parlamentario Jorge Cálix enfatizó que el verdadero reto no radica únicamente en dictar normativas, sino en lograr su aplicación efectiva en el terreno.
Cuestionó que la legislación previa no haya mostrado avances tangibles ni una postura rigurosa de control dentro del sistema penitenciario.
Cálix criticó además la interferencia de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos que no responden a la realidad de las comunidades azotadas por el crimen.
Reclamó la pronta ejecución de las herramientas aprobadas para garantizar un régimen de aislamiento estricto e inflexible contra los delincuentes.
Vigilancia del debido proceso y derechos humanos
Desde la perspectiva institucional, Ricardo López, en representación del CONADEH, aclaró que la protección de las garantías individuales abarca el cumplimiento de la legalidad y la independencia judicial.
Admitió que el organismo ha señalado reiteradamente las graves fallas históricas en el control de las prisiones que permitían el ingreso de armas y drogas.
López detalló que la entidad evalúa las reformas legislativas mediante su Clínica de Control de Convencionalidad para verificar su apego a los convenios internacionales.
Remarcó que toda nueva política criminal debe equilibrar la tutela de las víctimas con el respeto estricto al debido proceso en las actuaciones estatales.
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