En el primer caso, el Juzgado de Letras de Civil de Francisco Morazán resolvió el pasado 20 de octubre "estimar totalmente" la oposición del Estado de Honduras a la ejecución forzosa de título extrajudicial presentada contra la Secretaría de Salud.

Esto detuvo "el intento de perjudicar el Tesoro Nacional por la cantidad de L126,849,195.37, condenando a la parte ejecutante al pago de costas a favor del Estado de Honduras", dice la nota de prensa.

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Además, la PGR logró un fallo favorable el 18 de agosto en el proceso judicial iniciado en su contra ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.

Según el comunicado de la PGR, "El referido fallo resuelve: declarar con lugar la declinatoria por falta de competencia genérica objetiva, eximiendo al Estado de Honduras del pago de aproximadamente $26,375,278.50 o su equivalente en lempiras que representan L647,513,087.00".

En consecuencia, con ambas resoluciones, la representación legal del Estado evitó un perjuicio económico acumulado de más de 774 millones de lempiras.

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