Se necesitan acciones inmediatas para garantizar la salud, educación, entre otros derechos, de los menores infractores.
Para el caso, el Instituto Nocional de Menores Infractores (Inami) urge de presupuesto para garantizar esos derechos, señaló la Coalición por la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley y la plataforma de organizaciones en defensa y demanda de los derechos de las niñas y los niños.
“Como Coalición, hemos definido que es necesario trabajar tres temas fundamentales: fomentar políticas públicas que garanticen los derechos de niños y niñas que entran en justicia penal, como alimentación, salud, educación, derecho a una familia que les permita tener una vida digna de ser vividas”, dijo Diana Medina, representante de la Asociación para una sociedad más Justa (ASJ).
También hizo el llamado a trabajar en la vulneración de derechos que experimenta esta población. “Son urgentes las acciones que restituyan la vulneración de derechos que por años no ha sido atendida de forma adecuada”, manifestó.
En tal sentido, pidió al gobierno de la presidenta Xiomara Castro que, en el marco de sus obligaciones, garantice la protección y derechos de las niñas y los niños en conflicto con la ley y de manera urgente dé respuesta al problema suscitado, evitando efectos negativos, riesgos y situaciones lamentables”.
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Recursos para atender a menores infractores
En síntesis pidió de forma inmediata la transferencia de recursos presupuestarios que aseguren el funcionamiento adecuado del Inami para garantizar los derechos de las niñas y los niños en conflicto con la ley y la satisfacción de todas sus necesidades.
El cumplimiento del “Plan Tengo Futuro” implica la aprobación e implementación de la política nacional para la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley y el Plan de restitución de sus derechos, el cual fue presentado a la comisión de transición el pasado 15 de enero de 2022 para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno.
