El mensaje es claro, rotundo y sin matices. Desde el corazón del municipio de Quimistán, en Santa Bárbara, las comunidades han levantado su voz para advertir que ninguna empresa que se atreva a licitar por la construcción de la represa El Tablón saldrá ganando. Por el contrario, aseguran, será dinero perdido.

La razón detrás de esta postura radical es una sola: las familias no están dispuestas a ser desarraigadas de sus tierras. La represa implicaría el desplazamiento forzado de pueblos enteros, en una región con una historia de resistencia y profundo arraigo a la tierra.

El Tablón, represa sin consentimiento

Las comunidades de Mirasol, Brisas del Río y Tejera serían directamente afectadas por el embalse. Según los pobladores, no han sido consultados de manera efectiva, ni se les ha presentado un plan integral que respete sus derechos. La construcción del proyecto, aseguran, representa no solo una amenaza ambiental, sino una violación de derechos humanos.

"Esto no se trata solo de mover gente y poner concreto. Esto se trata de nuestra vida, nuestra historia, nuestro futuro", afirmó uno de los voceros comunitarios, visiblemente molesto por el silencio institucional.

Quimistán reclama presencia de alto nivel de gobierno

En mayo, las comunidades invitaron al ministro de Energía, Erick Tejada, a un cabildo abierto. No asistió. En su lugar, según denuncian, envió representantes "de tercera o cuarta categoría", lo que consideraron una falta de respeto que inflamó aún más los ánimos.

"Lo que vino fue una burla. Y ahora las comunidades están decididas. Si alguien cree que con amenazas nos van a sacar, se equivocan", expresó otro líder local.

También señalan la necesidad de que las autoridades de mayor rango se sienten a dialogar: desde la presidenta Xiomara Castro hasta los ministros de Ambiente, Infraestructura y Derechos Humanos. Pero, advierten, no quieren discursos vacíos ni imposiciones, sino un equipo técnico con una visión integral.

El Tablón "no es solo una represa"

Para los habitantes, el proyecto El Tablón no puede reducirse a una simple obra de infraestructura. En sus palabras, se trata de una intervención profunda en su territorio, en su forma de vida, en sus relaciones sociales y espirituales con el río.

"Este es un problema complejo. No es solo poner cemento y hacer una represa. Es sacar gente, romper comunidades, eliminar cultura y memoria", advirtió un poblador. Por eso, insisten en que cualquier intento por iniciar obras encontrará oposición directa en el terreno.

Resistencia que no se detiene en Quimistán

Desde hace semanas, las protestas en contra del proyecto han ganado fuerza. Las marchas, pancartas y plantones se han vuelto cotidianos. Y el mensaje sigue siendo el mismo: no permitirán que la represa El Tablón se construya en su territorio.

La firmeza de los pobladores de Quimistán ha puesto en jaque a los planes del gobierno y podría representar un caso emblemático en la lucha por el derecho al territorio en Honduras.

"Quien venga a licitar aquí, que lo haga sabiendo que va a perder su dinero", repiten una y otra vez los pobladores. Y, por lo visto, están más que dispuestos a cumplir su palabra.

El Tablón va, reiteran autoridades

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, reiteró que, a pesar de la oposición de los pobladores de Quimistán, el proyecto del embalse sigue en marcha y no se detendrá.

"Nosotros, como gobierno, debemos tomar decisiones. No nos vamos a detener con la represa multipropósitos El Tablón; lo digo como miembro de la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", expresó Pineda.

El funcionario indicó que entre 1,500 y 2,000 viviendas podrían verse afectadas por la construcción de la represa, pero destacó que el proyecto beneficiará a más de 1.4 millones de personas.

Las autoridades defienden que el proyecto El Tablón busca mitigar las inundaciones en el Valle de Sula, además de generar energía, proveer agua potable y crear empleos. La construcción está prevista para comenzar en octubre de 2025 y finalizar en 2029.

Con un costo estimado de 300 millones de dólares, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el proyecto ha sido bien recibido por sectores empresariales del norte de Honduras.

La represa se construirá sobre la cuenca del río Chamelecón, entre los municipios de Quimistán y San Marcos, en Santa Bárbara, al occidente del país.

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