Sin embargo, Aguilar no precisó quienes son los dueños de esos predios que asegura son propiedad privada. Además, amplió que en la zona hay personas que piden dinero a cambio de pasar por sus terrenos para darle mantenimiento a la carretera.

"Exigen que se les pague un derecho de vía para pasar, por eso es que tienen ellos plumas -barreras de seguridad-, portones y cadenas con candado para pedirle a la gente que los apoye económicamente", indicó.

La reacción de Aguilar se da luego que el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Solís, denunciar que ese tramo carretero rústico está bajo el control del crimen organizado.

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"Según el reporte de los técnicos que trabajan en la zona, algunos han sido sometidos a amenazas constantes por las acciones que hacen para perseguir el delito ambiental. En ciertas áreas, es necesario solicitar permisos para circular, ya que están bajo el control del crimen organizado", dijo Solís.

Ante ello, el director policial dijo que el tema se debe a que hay trechos que son ejidales, municipales y otros son propiedad privada; por lo que es necesario solicitar un permiso para pasar. Mientras añadió que son temas legales que ameritan un análisis.

La llamada "narcocarretera" que conecta de Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho, con el departamento de Gracias a Dios existe desde el 2017, y el sector ambiental pide su destrucción y hacer otra de parte del gobierno y no por el crimen organizado.

En 2022, el ministro del Ambiente, Lucky Medina, anunció su erradicación de ese proyecto; no obstante, el asesor presidencial, Manuel Zelaya, se opuso al proceso, aduciendo un acuerdo con pobladores.

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