El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) mostró su preocupación por el actual clima de violencia política que se vive en Honduras previo a las elecciones generales del 28 de noviembre.

Los recientes crímenes del candidato a vicealcalde por el Partido Liberal, Darío Juárez, en Concordia, Olancho; el de Francisco Gaitán, en Cantarranas, Francisco Morazán; y del candidato a regidor por Libre, Elvir Casaña, en Santa Bárbara, han elevado la preocupación entorno al clima político que vive Honduras,

"El Cespad expresa su alta preocupación por el actual clima de violencia política, porque no abona al proceso democrático, y muy al contrario, desanima a la participación ciudadana, debilitando de esa forma el derecho ciudadano a ejercer el sufragio en un ambiente pacífico y confiable", dijo el organismo en un comunicado.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los homicidios ha sido "la forma de violencia más utilizada contra los actores políticos en Honduras".

Según el OV-UNAH, desde el llamado a las elecciones primarias del 14 de marzo, hasta el 25 de octubre de 2021, se registran 27 víctimas mortales; 18 casos de coacción; 11 atentados; 6 amenazas; 1 rapto y 1 coerción.

Hasta la fecha, el 36 por ciento de las víctimas han sido militantes (13); dirigentes (10); y simpatizantes (3). De los hechos señalados, 36 fueron cometidos con armas de fuego.

"Estos hechos violentos elevan de forma alarmante la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad encargada de investigar y sancionar este tipo de crímenes que, en el marco de las elecciones generales amenazan el proceso electoral y el día de las votaciones", apuntó el Cespad.

En ese sentido, el Cespad recomendó algunas sugerencias para que las elecciones se realicen en un clima de paz y democracia.

Recomendaciones

  1. Que la institucionalidad electoral trabaje en, al menos, intentar evitar que la violencia siga amenazando el proceso electoral.
  2. Que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga uso de la normativa electoral que le permite establecer sanciones administrativas a los provocadores de la violencia y expresiones verbales de odio y ofensa.
  3. Instar al CNE a realizar un pacto por la paz suscrito por todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral.
  4. El sistema de justicia debería actuar con independencia y eficiencia en la investigación y procesamiento de los actos de violencia política; la impunidad es el principal estímulo para la violencia política estatal y no estatal.
  5. La protección por el sistema de seguridad y de justicia de los perpetradores de la extendida violencia estatal en las protestas sociales del fraude electoral del 2017, constituye una amenaza y estímulo para que estos actos se repitan en las elecciones del 28 de noviembre.

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