"Esta no es la primera vez que se exhibe la falsa narrativa que usa el parlamentario (Luis Redondo) de autodenominarse anticorrupción (…) huye a la veeduría social", reclamó Castellanos.

Durante una intervención en el foro Frente a Frente de Canal 5 el martes, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que "ni el CNA ni el IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) miden la transparencia".

En ese espacio televisivo, a Redondo se le cuestionó por la falta de respuesta a solicitudes de información pública que ha caracterizado a su administración.

Él contestó que, al contrario, el Instituto de Acceso a la Información Pública les ha otorgado consecutivamente puntuaciones del 100 %.

Sin embargo, según veeduría de oenegés y medios independientes, las respuestas de muchos oficiales de información pública (no solo del Congreso) han sido insatisfactorias en los últimos meses.

Desde el CNA lamentaron que, por ejemplo, no esté público quiénes fueron los diputados y las diputadas que liquidaron la subvención de L100,000 que se les otorgó previo a Navidad de 2022 y durante Semana Santa de 2023.

"No existe información de quiénes han recibido los bonos navideños y veraniegos, y mucho menos hay un informe de rendición de cuentas para saber en qué las y los diputados han ejecutado los fondos", reprochó Castellanos.

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En dos ocasiones, tunota.com solicitó al Congreso Nacional, vía Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), la información relacionada con la liquidación de ambas subvenciones, pero la respuesta fue que "la unidad encargada de procesar esta solicitud de los Honorables Congresistas se encuentra recopilando todos los documentos que acreditan la liquidación del mismo".

El portal único de transparencia del Congreso Nacional tampoco cuenta con la información solicitada, como prometió postearla.

A inicios de marzo, el CNA también presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) una queja formal ante la falta de transparencia del Legislativo.

"Se interpone queja formal contra el Estado de Honduras por actuaciones de congresistas miembros de hecho de la Junta Directiva del Congreso Nacional, por la violación del derecho de petición, derecho de acceso a la información pública y derechos conexos", indicaba la queja.

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