El Congreso Nacional de Honduras inició el miércoles (23.2.2022) la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, la cual había sido aprobada en enero de 2014.

La secretaria del Congreso Nacional, Luz Angelica Smith, leyó el acta de la sesión anterior, la cual se suspendió el martes (21.02.2022) luego de interrupciones entre los parlamentarios que derivó en un zafarrancho que impidió que la sesión se pudiera desarrollar de forma normal.

Smith indicó que se aprobó el artículo 1 del proyecto de decreto orientado a derogar el decreto número 418-2013 contentivo de la Ley de Secretos con fecha 20 de enero del 2014 y publicado en La Gaceta el 7 de marzo del mismo año.

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La iniciativa había sido presentada el pasado 8 de febrero por el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, y entró en discusión nuevamente en la sesión del martes 21 de febrero luego que los diputados Jari Dixon y Kritza Pérez presentaran una nueva moción.

Cálix había manifestado que la Ley "es un escudo para la corrupción" y que "el que esté a favor de la Ley de Secretos, simplemente está a favor de la corrupción".

Por su parte, la la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, indico que "esas son las reformas que el país necesita". Mena presidía la Comisión Anticorrupción encargada de dictaminar la iniciativa.

"El compromiso del Congreso del pueblo es realizar acciones que marquen la diferencia, priorizando la lucha contra la corrupción, para asegurar una sociedad más igualitaria", recalcó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH).

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Ley de Secretos

La Ley de Secretos contemplaba regular la clasificación de documentos públicos relacionados con las seguridad nacional, así como someter a los entes del Estado a los principios de transparencia y publicidad.

La ley indica que los documentos que podrían quedar como clasificados son los relacionados a contratos; documentos; informaciones; datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizada pueda dañar o poner en riesgo la seguridad nacional.

Además, documentos relacionados al ámbito estratégico de los entes del Estado en los que se podría producir "efectos institucionales no deseados"; dañar o perjudicar internamente a la seguridad nacional; serios daños externos e internos leves y graves.

Asimismo, los documentos que se considerarán clasificados, debían aguardar un lapso entre 5 y 25 años para ser desclasificados: reservados (5 años); confidenciales (10 años); secretos (15 años); ultra secretos (25 años).

Vea además: Suspenden sesión del Congreso tras zafarrancho