El Congreso Nacional aprobó el jueves (20.1.2022) que se extienda el plazo por un periodo de 4 años adicionales para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) audite el uso de fondos públicos otorgados a funcionarios.

En una sesión semipresencial, el Legislativo reformó el artículo 16 de la Ley Especial para la Gestión, Asignación y Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos, que indica que el TSC tiene un plazo de 3 años para auditar el uso de fondos del Estado.

La reforma del Congreso Nacional indica "ampliar por un periodo de 4 años adicionales el plazo de 3 años establecido en el artículo 116 del decrero 116-119 de fecha 16 de octubre del 2019".

Artículo 16

Dicho artículo, insta al TSC a la auditoría e investigación especial para la liquidación y rendición de cuentas de los fondos otorgados a todo tipo de servidores públicos y diputados del Congreso Nacional.

Además, organizaciones no gubernamentales (ONG); organizaciones privadas de desarrollo; fundaciones; patronatos; iglesias; juntas de agua, alcaldías y asociaciones comunitarias.

En ese sentido, el TSC tendrá la potestad de proceder a realizar una auditoría e investigación especial en la que los funcionarios deberán presentar una serie de documentos para que el TSC comience a hacer la auditoría.

Para ello, el TSC tendrá a partir de la fecha un lapso de 4 años para realizar la auditoría en el uso de los fondos públicos por los funcionarios antes mencionados.

"Hasta que el TSC no emita una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre, en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que están siendo auditados", explica el artículo 16 de la Ley.

Tras la reforma en el Congreso Nacional, la diputada Doris Gutiérrez indicó que con ello se pretende "blindar descaradamente" a los funcionarios.

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