A través de un comunicado, el equipo de defensores, encabezado por Raymond Colon, desvirtuó la mayoría de los puntos contenidos en la evidencia que entregó la Fiscalía el pasado 1 de mayo a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En resumen, la defensa calificó las pruebas como "conjeturas, mentiras, argumentos falsos, valoraciones subjetivas y testimonios de oída".

Por ejemplo, negó rotundamente que, previo a las elecciones generales de 2017, el exgobernante haya sobornado a funcionarios electorales y a un ingeniero en sistemas del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), a fin de manipular los resultados de los comicios en el nivel presidencial.

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También negó que Hernández haya pagado a maras con la intención de generar una crisis poselectoral, y aseguró que en realidad las maras y las pandillas eran financiadas por la oposición para amedrentar a la ciudadanía y evitar que salieran a votar durante esas elecciones.

De acuerdo con la información de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Juan Orlando Hernández utilizó dinero de la droga para sobornar a funcionarios que controlaban centros de votación donde no lo apoyaban.

"También se reunió con un ingeniero que se encargó de cerrar los servidores para la elección tribunal, conocido como Tribunal Supremo Electoral (TSE), que era el encargado de certificar los resultados electorales para que el conteo de votos pudiera ser manipulado a favor de Juan Orlando", establece el documento de la Fiscalía, al que la defensa califica de "mentiroso".

En su pronunciamiento, los defensores también rechazaron los supuestos encuentros entre Hernández y Geovanny Fuentes, narcotraficante hondureño condenado a una cadena perpetua en Estados Unidos.

De acuerdo con los fiscales, dos teléfonos decomisados a Fuentes, durante su captura en un aeropuerto estadounidense el 1 de marzo de 2020, sirvieron para rastrear dos visitas del narcotraficante a Casa Presidencial, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Los encuentros habrían ocurrido el 28 de mayo y el 12 de junio de 2019.

Sin embargo, la defensa considera que ello es poco lógico: "Y más ilógico resulta, que un hondureño estando en Tegucigalpa use la aplicación Waze para llegar a Casa Presidencial -lo que no acredita que la persona pueda entrar en todo caso- y menos cuando se oculte en juicio que en la misma aplicación se describe la ubicación de la Embajada Americana en Honduras".

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Lucha contra el narcotráfico

En última instancia, la defensa aseveró que durante la doble administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), el Estado hondureño se dedicó a combatir el narcotráfico.

"Prueba de ello es que el mismo Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Comando Sur y agencias antidrogas de los Estados Unidos documentaron todo lo contrario (que el narcotráfico floreció), lo que está escrito en sus informes anuales", refirieron

Juan Orlando Hernández enfrenta tres cargos por delitos de tráfico de drogas y armas, y está a la espera de que el próximo 18 de septiembre arranque su juicio oral y público.