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Recientemente, el Congreso Nacional derogó los decretos 57-2020 y 93-2021, en simultáneo con la visita al país de la misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que negociará con el Gobierno un eventual convenio para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El primero de estos decretos prohibía a los fiscales secuestrar documentos sin la autorización de un juez, mientras que el segundo exigía la existencia de un delito anterior para proceder contra una persona acusada de lavado de activos.
Los sobreseimientos exprés
A pesar de esta medida, aún está pendiente la derogación del decreto 116-2019, la cual se encuentra pactada en el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno hondureño y la ONU el pasado 15 de diciembre.
Este decreto regula los Fondos Departamentales, pero también limita las funciones investigativas del Ministerio Público al obligar a los jueces a solicitar informes de auditoría o investigación al Tribunal Superior de Cuentas en casos de delitos de la administración pública, favoreciendo a funcionarios públicos y diputados señalados de desviar millonarios fondos públicos.
Bajo esta figura han quedado absueltos varios diputados y exdiputados investigados acusados por el Ministerio Público por delitos contra la administración pública, entre ellos Gladis Aurora López y Alberto Chedrani, y sus excompañeros de bancada, Oswaldo Ramos Soto, Welsy Vásquez, Milton Puerto, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez.
Años atrás, habían quedado absueltos los exdiputados del Partido Nacional, Óscar Álvarez y Juan Carlos Valenzuela, así como la excongresista por Libertad y Refundación (Libre), Audelia Rodríguez.
Muchas de estas personas fueron llevadas a los tribunales por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), cuyo convenio no fue renovado en 2020 por el voto en contra de diputados de los partidos Nacional y Liberal.
De interés: El Congreso tiene la tarea pendiente de derogar decreto 116-2019, 'el más dañino': Luis Santos, de la Uferco
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) y aspirante a fiscal general de la República, Luis Javier Santos, ha reiterado varias veces la necesidad de derogar el decreto 116-2019 y así revivir varios casos de corrupción de alto nivel.
La amnistía a corruptos
Además, los analistas también han planteado la necesidad de eliminar el literal A del artículo 4 del decreto 4-2022, conocido como Ley de Amnistía Política, ya que otorga amnistía a delitos contra la administración pública.
"Para evitar que algunos jueces que continúen aplicando esta amnistía para casos relacionados con corrupción, es necesario que el Congreso Nacional haga una reforma por adición agregando un punto donde aclare que no aplique en estos delitos", expresó el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
Por su lado, el abogado constitucionalista Oliver Erazo expresó que es necesario, para combatir la corrupción y la impunidad, eliminar el decreto 4-2022.
"El nuevo Congreso Nacional sorprendió con un nuevo decreto que tenía nombre y apellidos de exfuncionarios del gobierno del expresidente Zelaya", indicó Erazo.
El decreto generó en su momento críticas adicionales debido a que permitió la liberación de personas implicadas en casos de corrupción que fueron cercanas a la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y a la de su esposa, la presidenta Xiomara Castro.
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El exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, quien estaba prófugo de la justicia por la sustracción de 50 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH), para supuestamente destinarlos al fallido proyecto de la Cuarta Urna, fue liberado.
Mientras que el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien cumplía una condena de 17 años, también quedó absuelto.
El 4-2022 es justicia, dice el Gobierno
Sin embargo, desde la Secretaría de Derechos Humanos defienden el decreto 4-2022, argumentando que también ha servido para liberar a presos políticos.
Según sus registros, se han extendido 46 constancias de liberación bajo esta normativa, beneficiando a estudiantes, defensores de la tierra, manifestantes y defensores de derechos humanos que enfrentan procesos judiciales.
"El decreto 4-2022 que contiene la amnistía para las víctimas es un acto de justicia, porque restituye derechos a quenes sufrieron persecución políticamente motivada", dijo a tunota.com la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque.