Analistas señalaron que esta lista, que incluye a diversos miembros de distintos partidos políticos y a un empresario, envía un mensaje claro al Congreso Nacional respecto a la selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico, expresó la importancia de estar atentos ante la elección del fiscal general y las futuras solicitudes de extradición.
"Veo dos señales: 1. Ojo con la elección del fiscal general y 2. Ojo con las próximas solicitudes de extradición", indicó Barquero en su Twitter.
Roberto Lagos, analista político y económico, coincidió en que esta actualización representa una advertencia a los diputados y a la clase política, previo a la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
"Es un llamado de atención a los diputados, a la clase política del país sobre las negociaciones que hagan debajo de la mesa", expresó.
La elección del fiscal general y fiscal general adjunto deberá llevarse a cabo antes del 1 de septiembre, y el Congreso Nacional requerirá de al menos 86 votos para elegir a quienes ejercerán esas funciones entre 2023 y 2028.
Para ello, a más tardar un mes antes, el 1 de agosto, la Junta Proponente enviará una nómina de cinco candidatos, de entre los cuales se seleccionará al fiscal general y al fiscal general adjunto.
Acuerdos debajo de la mesa
Las declaraciones de Barquero y Lagos se sustentan en la presencia en la lista de dos políticos importantes: Yani Rosenthal, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), y Samuel García, influyente diputado de dicho partido.
Ambos son señalados como responsables de manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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A Rosenthal y García, el Departamento de Estado los incluyó porque "socavó (socavaron) los procesos y las instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político".
El proceso de elección de la CSJ, ocurrido el pasado 16 de febrero, se vio afectado por un acuerdo tripartito previo suscrito por los tres principales partidos políticos, Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal, lo que ha generado sospechas de politización del máximo órgano de persecución penal.
Cinco exfuncionarios de JOH y uno de 'Mel' entre los incluidos
Además de Rosenthal y García, otros integrantes de la lista son altos exfuncionarios en administraciones del Partido Nacional, como Yolany Batres (exsecretaria de Salud), Álex Moraes (exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras, Invest-H), Miguel Pastor (exsecretario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda), Roberto Ordóñez (exsecretario de Energía) y Jesús Mejía (exgerente de la Empresa Hondureña de Energía Eléctrica, ENEE).
Por otro lado, aparece Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante la Administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien fue favorecido recientemente por la Ley de Amnistía Política, lo que hizo que quedara exento de cargos de fraude y abuso de autoridad por los que lo condenaron de 17 años de prisión.
Asimismo, en la lista figuran el actual alcalde de El Progreso, Yoro, y secretario general del CCEPL, Alexander López, y el empresario Víctor Bendeck.
Sanciones
Las personas que aparecen en la Lista Engel, que se publica desde 2021, pueden enfrentar sanciones por parte de Estados Unidos, como la inelegibilidad para visas de admisión, revocación inmediata de visas vigentes y bloqueo de propiedades en suelo estadounidense.
